El pasado mes de enero se realizó, en la puerta del Ayuntamiento de Alzira, una protesta donde más de mil ciudadanos expresaron su malestar por una injusta decisión del Gobierno del Partido Popular.
En esa concentración se alzaron multitud de voces contra el Ministro Gallardón y contra el PP por haber acordado un indulto calificado bajo sospecha por trabajar en ese despacho de abogados Esteban Astarloa, hermano del exsubsecretario de Justicia del PP, Ignacio Astarloa, y el propio hijo del Ministro de Justicia.
No es de recibo que el Ayuntamiento de Alzira haya encargado trabajos al despacho de abogados Uría Menéndez y que la alcaldesa estuviera expresando su indignación a la familia cuando ella, en nombre de los alzireños, ha contratado los servicios de estos mismos abogados.
La alcaldesa de Alzira debe dar las correspondientes explicaciones de cuáles fueron los motivos por los que durante todo el periodo de tiempo de la tragedia de José Alfredo Dolz no hizo público en ningún momento la vinculación entre el Ayuntamiento y el despacho de abogados que defendía al kamikaze.
La señora Elena Bastidas no está procediendo de forma correcta en este asunto y por ello debería pedir perdón a la familia Dolz y al pueblo de Alzira. No es posible que quiera demostrar su complicidad a la familia y, por otra parte, se gaste miles de euros en un despacho de abogados que defiende el indulto injusto del kamikaze que ella misma manifiesta estar en contra.
El Ayuntamiento de Alzira no debe contratar más los servicios de un bufete que, en este caso, está bajo supuesta sospecha por la falta de ética, por el hecho de que un hijo del ministro de Justicia trabaje en el despacho de abogados que defendió al kamikaze.
Es necesario saber por qué en el Pleno del Ayuntamiento de Alzira, donde se acordó de forma unánime la revocación del indulto, la Sra. Bastidas no dijera que existían vínculos contractuales con los abogados Uría Menéndez, responsables de la defensa del kamikaze que indultaron de manera injusta liberando a un condenado a 13 años, con sentencias de la Audiencia de Valencia, del Tribunal Supremo, que sólo ha pasado 10 meses en la cárcel y con la opinión contraria de jueces y fiscales.