En la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Alzira del 25 de marzo de 2015, en el apartado del ‘Despacho extraordinario’, una de las mociones que no fue admitida por el equipo de gobierno era la presentada por Fernando Pascual, concejal del PSPV-PSOE Alzira, en la que se solicitaba que se intente modificar la ordenanza fiscal del Impuesto Bienes Inmuebles del Ayuntamiento para establecer un recargo a aquellos inmuebles urbanos de uso residencial que se encuentran desocupados y que pertenecen a entidades bancarias o sus filiales inmobiliarias. Pascual proponía que lo recaudado por esta modificación fuera destinado a ayudas de emergencia social para gente necesitada.
Chelo Martínez, portavoz del equipo de gobierno, rechazó la urgencia de la moción, ya que se perjudicaría a aquellas personas que por la actual situación de crisis puedan tener una segunda vivienda desocupada y “quizá no les haría mucha gracia que el Ayuntamiento les cobrase un 50 % más del IBI”.
En el turno de réplica, Pascual matizó que esta moción no iba referida a aquellas personas que posean una segunda vivienda, sino que se refiere únicamente a viviendas expropiadas por ejecuciones hipotecarias propiedad de los bancos. Asimismo, “lamentó” que el Partido Popular “ni siquiera lea las mociones” cuando se trata algo relacionado con los bancos.
Finamente, Martínez, continuó en su postura de rechazar la moción, al no distinguir a qué viviendas se les cobraría el 50 % de IBI, al ampararse el edil socialista en un Real Decreto de 2004 que permite este aumento sin distinguir la titularidad de los propietarios. Del mismo modo, la portavoz señaló la posibilidad de que hubiera propietarios que tuvieran sus viviendas a nombre de sociedades mercantiles y también podrían verse perjudicados.