La Diputación de Valencia aprobó ayer en el pleno celebrado en la corporación provincial el convenio de colaboración con el Colegio de Abogados de Alzira y Sueca para la prestación de servicios de mediación, asesoramiento y negociación sobre préstamos y arrendamientos relativos a la vivienda a los afectados por los desahucios en los municipios.
El objetivo de este programa, financiado por la Diputación con 90.000 euros, es según el diputado Francisco Lledó “dar un servicio a los ayuntamientos, que están desbordados por las peticiones de los vecinos, para que los abogados especializados les asesoren en los procesos de mediación con los bancos para no llegar a un procedimiento judicial”.
La diputada de EU, Rosa Pérez, ha tomado la palabra en el pleno para explicar el desacuerdo con este convenio porque “los bancos serán los más interesados en que haya mediación”.
En respuesta a este punto de vista de la diputada de EU, Francisco Lledó ha contestado que “el objetivo en primera instancia es llegar a acuerdos porque se trata de personas en riesgo de exclusión social, que necesitan soluciones inmediatas y no demorarse en un proceso judicial”.
Además, el diputado de Asesoramiento Municipal ha añadido que “los letrados del Colegio de Abogados van a velar por los intereses de sus clientes, que son los ciudadanos a través de los ayuntamientos. Confío en cómo va a defender el Colegio de Abogados los intereses de los vecinos”.

Un convenio resolutivo
El acuerdo suscrito con el ICAV  “surge a petición de los ayuntamientos, que nos trasladaron la necesidad de contar con un servicio de este tipo para solucionar la gran cantidad de problemas que tienen en sus municipios con las viviendas y los desahucios”, como explicó hace unas semanas el presidente de la Diputación, Alfonso Rus.
El servicio de los letrados, de carácter gratuito, se prestará a los vecinos de los municipios integrados en cada partido judicial que tengan algún problema jurídico como propietarios, usufructuarios, arrendatarios u ocupantes de inmuebles destinados a su propia vivienda habitual.
Con esta iniciativa, el mediador pondrá a disposición de las partes las técnicas y la información necesaria para que puedan alcanzar acuerdos totales o parciales, evitando así que necesariamente hayan de dejar en manos de la autoridad judicial la solución total o parcial de sus conflictos.
Los interesados podrán solicitar la prestación de este servicio por escrito en el ayuntamiento del municipio donde está ubicada la vivienda. Una vez recibida la instancia, el gobierno local la remitirá al colegio de abogados o, en su caso, a las sedes de los partidos judiciales.