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La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha reclamado a la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana la puesta en marcha de una campaña especial de vigilancia destinada a combatir los robos de algarrobas en las explotaciones valencianas y su posterior compraventa en el mercado negro. La organización agraria alerta de que, aunque las labores de recolección no deberían empezar hasta la segunda quincena de agosto, ya se han detectado los primeros hurtos de este fruto seco alentados por el incremento del 50% de los precios que se barajan a pie de campo.
Efectivamente, si bien hay zonas como la de la Ribera en las que se estima un aumento de la cosecha, la escasez de producción generalizada que se prevé esta temporada a causa de la sequía está elevando el valor de la algarroba a unas cifras que se mueven en torno a los 0,45 euros por kilo, cuando las cotizaciones medias que han percibido los productores en los últimos ejercicios no solían sobrepasar los 0,25-0,30 €/kg. En estas circunstancias y con los antecedentes recientes, los agricultores temen una intensa ola de robos por parte de bandas organizadas que, conocedoras de los entresijos del Código Penal, sustraen cosechas enteras con rapidez y encuentran facilidades para el manejo y la venta clandestina del producto.
La organización que preside Cristóbal Aguado solicita al nuevo delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Fulgencio, que mantenga una coordinación con los representantes de las entidades agrarias y con los alcaldes de las zonas que son susceptibles de sufrir este tipo de hurtos (entre las comarcas más afectadas destacan la Hoya de Buñol, L’Horta, La Ribera y el Camp de Túria). Precisamente a un buen número de estos alcaldes se ha dirigido la propia AVA-ASAJA solicitándoles la máxima colaboración en las tareas de vigilancia en sus respectivos términos municipales durante la temporada de la algarroba, la cual se prolonga hasta septiembre.
AVA-ASAJA destaca la necesidad de intensificar los controles tanto en las explotaciones y los caminos rurales como en los centros de recepción, mercadillos y fruterías que podrían adquirir mercancía robada y comercializarla sin garantizar su trazabilidad ni tributar los impuestos oportunos. Asimismo, una vez localizados, la organización solicita más agilidad en los procesos judiciales para evitar que se dilate en el tiempo el cierre de estos operadores clandestinos.
AVA-ASAJA