La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), reunida en Comisión, ha aprobado hoy un informe favorable al establecimiento en Valencia de la sede de los Juzgados de lo Penal número 15, 17 y 18, desplazados en las localidades de Alzira, Paterna y Torrent.
En el mismo documento, elaborado a petición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el TSJCV informa negativamente sobre la propuesta de transformar un Juzgado de Instrucción de la capital en un Juzgado de lo Penal.
El informe del Alto Tribunal valenciano, aprobado por unanimidad, condiciona el cambio de sede de los tres juzgados penales desplazados en la provincia a la creación, con carácter previo, de un Servicio Común de Ejecución Penal, servicio que se considera “imprescindible” para “poder llevar a efecto los traslados de los Juzgados”.
A este respecto, explica que con el cambio de sede, cada uno de los 4 juzgados penales de ejecutorias que hay en la capital (que ahora se encargan de hacer cumplir las sentencias que dictan los 11 penales de enjuiciamiento) recibirían también los asuntos de Alzira, Paterna y Torrente, una media de 673 causas más al año.
Para la Sala de Gobierno esta cantidad es “inasumible y llevaría a una situación de paralización de la ejecución penal” si no se crea el Servicio Común, que debería estar dotado, “desde su creación”, con una plaza de magistrado para que sean cinco los jueces de ejecutorias.
El TSJCV propone además un plan de refuerzo para reducir la pendencia de los Juzgados de lo Penal 15, 17 y 18 antes de ejecutar su traslado a la capital.
El informe aborda también la incidencia que el cambio de sede de los juzgados Penales de Alzira, Paterna y Torrent tendrá en los 14 juzgados del mismo orden que existen en la capital, que verán incrementado el número de asuntos que reciben. Sobre este punto “la Sala considera que hay que contar previamente con un Juzgado de lo Penal más a fin de atender debidamente la carga de trabajo”.
Junto a las medidas anteriores, el informe recoge la oposición de la Sala de Gobierno a transformar en un Penal uno de los 21 juzgados de Instrucción existentes. Se considera “muy negativo” el impacto que esta medida tendría, ya que los órganos de Instrucción conocen, en este momento, de más de 38 macrocausas y asuntos de corrupción política de “enorme complejidad” que hace que algunos de ellos hayan tenido que ser reforzados.