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Diversos expertos en derecho mercantil y social han puesto de manifiesto la complejidad laboral y administrativa de no prorrogar la concesión del Hospital de La Ribera por parte de la Generalitat Valenciana. Ha sido en la jornada “Aspectos jurídicos y laborales del rescate o finalización de las concesiones administrativas”, celebrada esta tarde en el Hospital de Alzira y organizada por Ribera Salud.
En este sentido, Nicolás González-Deleito, socio del Departamento Mercantil de Madrid de Cuatrecasas Gonçalves Pereira, ha señalado que “si bien la administración tiene libertad para cambiar el modelo de gestión, la no prórroga de una concesión administrativa es muy difícil de justificar, ya que la jurisprudencia establece que esta decisión debe estar basada en un interés público y debe realizarse previa audiencia de la empresa concesionaria”. En este sentido, González-Deleito ha aclarado que “no puede ser una decisión meramente fundada en una voluntad política”.
Por su parte, Jordi Agustí, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, ha puesto de manifiesto la complejidad que supondría para la administración mantener la antigüedad y el grado de carrera profesional de los trabajadores que asumiera tras la reversión del centro hospitalario.
Así, Agustí ha negado que los 2.000 profesionales laborales del Departamento de Salud de La Ribera vayan a  pasar a ser trabajadores estatutarios fijos con la reversión del Hospital. “Si se produce la reversión de la concesión, aunque el nuevo empleador sea un empleador público, no se garantiza solo por este motivo el acceso de la plantilla de trabajadores al empleo público”, ha señalado Agustí, quien ha hecho un repaso de la última normativa y jurisprudencia en materia laboral, que avala, por ejemplo, “las reducciones de remuneración en casos de reversión de empresas a la gestión pública” o los despidos objetivos o colectivos “en caso de duplicidad de servicios”.
En cualquier caso, Agustí ha afirmado que la Administración debe comunicar “previamente y con la suficiente antelación” la hoja de ruta que va a seguir con los trabajadores del Hospital de Alzira.
 

Empresa privada con alma pública

Así, ha afirmado que “la colaboración público-privada ha permitido invertir más de 140 millones de euros en La Ribera en los últimos 16 años, lo que significa la mayor inversión de la historia en una comarca de la Comunitat Valenciana en la mejora de los servicios sanitarios, si exceptuamos el gran proyecto del Hospital La Fe”.

Para concluir, De Rosa ha achacado estos índices a que “Ribera Salud es una empresa privada con alma pública; una alma pública que no es más que la vocación de servicio de sus profesionales, con el espíritu de mejora continua y poniendo al ciudadano siempre en el centro de sistema”.

Consecuencias para los profesionales

Así, Andrés Canovás, del CESM Comunidad Valenciana, ha asegurado que “el mantenimiento de las condiciones actuales para los trabajadores son inexcusables y “no vamos a aceptar unas condiciones peores que en el actual convenio”

Javier Aznar, presidente de SATSE-Valencia, ha asegurado que la reversión de Alzira “es una decisión política” y ha remarcado que la Cosellería no nos ha contestado “sobre el modelo de gestión que quiere aplicar, si empresa pública, fundación u otra figura”.

Por su parte, Arturo Leon, de CCOO, ha asegurado que el modelo de concesión de Alzira es un modelo que ampara la ley y se ha mostrado convencido de que el personal mantendrá las condiciones, “pero no podrá ser estatutario, sino indefinido no fijo”. León ha remarcado que Ribera Salud tiene derecho a “defender su modelo de gestión”.

Ribera Salud