En el pasado Pleno del 30 de julio de 2014, en el apartado de Urbanismo se trataron los puntos de inicio de expediente de resolución de agente urbanizador del Programa de Actuación Integrada del sector Finca de Sos, que ostenta la entidad Sucesores Vicente Sos Romeu SL, y del sector residencial La Garrofera, que ostenta la entidad urbanizadora, Quatre Carreres SL.
En este sentido, Ivan Martínez, concejal de EU-Alzira, señaló que su partido ya llevaba en el programa electoral la resolución de estos dos PAIS por ser “irreales” y criticó que el equipo de gobierno se haya resistido “hasta última hora a anularlos sin hacer autocrítica” y lamentó que haya tenido que ser la Consellería quien haya “tumbado el proyecto de ciudad de los años del boom urbanístico” de la alcaldesa.
Diego Gómez, representante de Compromís, tildó de “fracaso” el modelo urbanístico que pretendía el PP llevando adelante estos proyectos y mostró su apoyo al equipo de gobierno en la resolución de estos trámites, ya que “hemos sido lo que queríamos desactivar el PAI de La Garrofera con nuestra insistencia”.
Isabel Aguilar, portavoz del PSPV-PSOE Alzira, señaló que “por fin acaba lo que jamás debería haber empezado” y acusó a Bastidas de “querer seguir adelante” a pesar de no contar con el apoyo de los grupos de la oposición. Para Aguilar, era un “despropósito” construir 3.000 viviendas y un campo de golf, cuando en Alzira existen 4.000 viviendas desocupadas.
Por parte del equipo de gobierno, Enrique Montalvà, concejal de Urbanismo, señaló que creían en el PAI de Sos “por los puestos de trabajo y riqueza que podían crear” y criticó las exigencias de la oposición para resolver los PAIS, algo que para Montalvà debía seguir por unos cauces normales para que al pueblo de Alzira no le cueste dinero “al contrario de lo que ocurría con los gobiernos de izquierdas”.
Finalmente, Elena Bastidas, alcaldesa de Alzira, ha recalcado que la actuación del equipo de gobierno “ha evitado cualquier responsabilidad de carácter económico, al contrario de lo que ocurría cuando gobernaba la izquierda”. En el mismo sentido, matizó que el modelo urbanístico del equipo de gobierno “carece de responsabilidad política y económica”, mientras que el modelo de los grupos de la oposición cuestan “18 millones de euros para todos los contribuyentes”.
Tratamiento de este punto en el Pleno (completo)