El Ayuntamiento de Carcaixent pagará  5.808 euros, de las arcas municipales, a un despacho de abogados por los servicios prestados en la defensa del Interventor Municipal en el procedimiento Abreviado 1695/2012 seguido ante el Juzgado de Instrucción número 1 y la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia. De esta forma se pone punto y final a un proceso en el que “se ha intentado desprestigiar y poner en entredicho el trabajo de los funcionarios y técnicos de este Ayuntamiento, concretamente en la persona del Interventor Municipal”. Así lo ha expresado la Alcaldesa de Carcaixent, Lola Botella quien además ha lamentado que “la irresponsabilidad política de la edil Ana Calatayud tenga consecuencias en las arcas municipales, concretamente de 5.808 euros”
A pesar de que el Ministerio Fiscal desestimó la denuncia presentada por la edil de Units per València, Calatayud, presentó denuncia en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Alzira. El 25 de abril de 2013, este Órgano Judicial,  acordó el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa en respuesta a la denuncia presentada por Ana Calatayud contra el Interventor del Ayuntamiento de Carcaixent por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa al entender que este funcionario “admitió un recurso interpuesto por la mercantil Valle Galiana Golf S.L. encontrándose fuera de plazo y como consecuencia de la resolución dictada por el Interventor se le redujo la tasa que le era de aplicación”. En ese momento, la magistrada desestimó uno por uno todos los argumentos expuestos por Ana Calatayud “siendo patente que no existe ilícito penal alguno por cuanto el imputado informó la resolución acorde con la Ley de Haciendas Locales”.
Pero la obcecación de Calatayud sigue hasta la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia quien desestima en fecha 19 de septiembre de 2013 el recurso de apelación interpuesto por la edil contra el auto del 25 de abril de 2013 por el que se dispuso sobreseimiento provisional y archivo de la causa contra el Interventor del Ayuntamiento de Carcaixent. El Tribunal confirma “en su integridad” las razones ya expuestas en la resolución recurrida por Calatayud, desestima que el Interventor Municipal incurriera en un delito de prevaricación y defiende que su actuación “no hizo más que facilitar el recurso a aquel que consideró que había sido perjudicado”, añadiendo que “quienes se han encontrado en posición similar a la de la entidad afectada, han tenido a su disposición los correspondientes recursos, por lo que ninguna consecuencia arbitraria, con relevancia penal, se puede estimar producida en este caso”.