La conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio ha acordado ampliar el pazo de solicitud de subvenciones para evitar la pobreza energética en hogares con riesgo de exclusión social hasta final del ejercicio. El objetivo de esta orden es la concesión de subvenciones a los municipios, mediante concurrencia competitiva, para evitar el corte de los suministros de energía eléctrica, agua y gas a las familias más vulnerables, así como el alquiler a las familias que han sido desahuciadas.
En este sentido, hay que destacar que ya se ha iniciado el trámite de las primeras resoluciones para proceder al pago de las ayudas, tanto para garantizar suministros básicos como para el alquiler, y que ascienden a un importe de 587.283 euros. Esto supone que, por el momento, 3.315 familias de toda la Comunitat se han beneficiado de estas ayudas de la Generalitat que se tramitan a través de diferentes ayuntamientos. Hay que recordar que la Generalitat Valenciana ha presupuestado este año 2016 por primera vez ayudas para garantizar el acceso a los suministros básicos de energía y agua potable a familias con riesgo de exclusión social.

"La Generalitat sitúa a las personas en el eje central de sus políticas"
Según ha explicado la directora general de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana, Rebeca Torró, "este año se ha notado el cambio y la sensibilidad de las administraciones públicas, sobre todo de la Generalitat, que ha situado por primera vez a las personas en el eje central de su política". Así, ha explicado que numerosas administraciones como diputaciones, ayuntamientos y el propio gobierno valenciano han ofrecido ayudas contra la pobreza energética conscientes de la necesidad de muchos ciudadanos. "Es una buena noticia que todos trabajemos conjuntamente para ofrecer soluciones y luchar contra esta problemática", ha apuntado Torró.
En este sentido, la directora general ha valorado positivamente los resultados obtenidos porque "gracias a la ayuda se han beneficiado más de 3.000 familias de la Comunitat que antes no tenían acceso a este tipo de recursos, y lo seguirán haciendo muchas más con la prórroga aprobada".
Sin embargo, la directora general ha señalado que "nos queda mucho por hacer y también mucho que aprender". En esa línea, ha advertido de que el Gobierno valenciano siempre se ha mostrado "abierto a flexibilizar los criterios y a trabajar conjuntamente con todas las administraciones con el objetivo de mejorar". Según ha explicado, al primer año de convocatoria de estas subvenciones el proceso de adaptación y tramitación ha sido "más costoso de lo habitual y es necesario agilizarlo en futuras convocatorias". Además, también se trabajará para reorientar la parte correspondiente a alquiler para poder ampliar los beneficiarios.

Las ayudas se tramitan a través de los servicios sociales municipales
Los destinatarios de la subvención son los municipios de la Comunitat Valenciana. De esta forma, cuando los servicios sociales de los ayuntamientos detectan el caso de una persona o familia en situación de vulnerabilidad, con serias dificultades para el pago del suministro de electricidad o de gas, o que ya se ha producido la suspensión del suministro, realizan una valoración para determinar si pueden ser beneficiarios de la ayuda.
Si reúne los requisitos, los servicios sociales lo ponen en conocimiento de las empresas suministradoras y de la Conselleria y se paraliza el procedimiento de suspensión del suministro mientras se gestiona el pago de las facturas adeudadas.
Las ayudas para evitar la pobreza energética son en los casos de corte de suministro eléctrico o de gas de 75 euros por recibo mensual y hasta un máximo de 300 euros por consumidor y año, y en caso de corte de agua potable, hasta 15 euros por recibo mensual y un máximo de 60 euros por consumidor y año. Asimismo podrán ser objeto de ayudas los costes ocasionados para restablecer los suministros en el caso de que se haya producido su corte.
En cuanto a las ayudas para el alquiler social, que también se tramitan a través de los servicios sociales de los Ayuntamientos, la cuantía es de hasta 100 euros mensuales durante un periodo máximo de un año, y en ningún caso podrá superar el importe de la renta.
De estas ayudas para el alquiler y el suministro energético, se podrán beneficiar las personas y unidades familiares y de convivencia cuyos ingresos sean inferiores a 1,5 IPREM o con ingresos inferiores a 2 IPREM si tienen reconocida alguna discapacidad o se encuentre en situación de dependencia.
En el caso de alquileres, además, previamente deben haber sido objeto de un procedimiento de desahucio, ejecución hipotecaria o dación en pago, y deben tener un alquiler al que no pueden hacer frente. Este alquiler debe ser el que le ha ofrecido el banco, ayuntamiento o cualquier entidad pública y, si se trata de un particular, no superar los 250 euros al mes.
Los ayuntamientos y los ciudadanos pueden consultar más información en www.habitatge.gva.es o llamando al teléfono de información 012, donde se atenderán todas las dudas al respecto.