El Gobierno no va anular el indulto al conductor kamikaze condenado a trece años de prisión por la muerte de un joven en la autopista AP-7 Polinyà del Xúquer en 2003, al tratarse de una medida "irrevocable" de acuerdo con la legalidad vigente.
De esta manera responde a una pregunta escrita formulada por el diputado de IU Gaspar Llamazares sobre la revisión de un indulto a un kamikaze "con estrechas relaciones familiares con cargos públicos del partido del Gobierno".
El Ejecutivo, que tramita unas 7.000 peticiones de indulto al año, adoptó esta medida de gracia en diciembre de 2012 basándose en "la información penitenciaria, personal y familiar del condenado".
En la respuesta a IU, el Gobierno señala que "desconocía por completo cualquier tipo de relación familiar de las que se mencionan en la pregunta", ya que estos asuntos no constan en un expediente de indulto, que se limita a contener información objetiva sobre la sentencia, hechos e informes relacionados con la petición de gracia.
Además, agrega el Ejecutivo, en el expediente del indulto, no figura el despacho de abogados que ejerce la defensa, el bufete Uría Menéndez, en el que trabaja uno de los hijos del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.  Leer noticia completa en Levante-EMV