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El impago del promotor de una finca de Algemesí deja a 80 familias al borde del desahucio
El banco ejecutó el crédito hipotecario de la empresa constructora y se ha convertido en el propietario del inmueble en el barrio del Raval
c#ristianmahiques20130120
La oficina de mediación del Colegio de Abogados de Alzira ha asumido la negociación entre los ocupantes de un bloque de unas 80 viviendas en Algemesí y la entidad bancaria propietaria del inmueble, ubicado en el barrio del Raval. Las viviendas fueron adjudicadas tras un proceso de ejecución hipotecaria tramitado en el juzgado de primera instancia número 6 de Alzira a una entidad bancaria, después de que el promotor no haya podido hacer frente al crédito, una situación que ahora pone en riesgo de desahucio a los residentes.
El constructora firmó en su día una hipoteca con la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), entidad que posteriormente pasó a manos del Banco de Sabadell, que hoy es el propietario de la totalidad de las viviendas, construidas hace unos tres años según explicó el ayuntamiento. Fuentes jurídicas admiten que la situación pone en peligro de desahucio a los ocupantes de las viviendas. Los residentes se han puesto en contacto esta semana con el ayuntamiento, que les derivó a la oficina de mediación ante el elevado número de afectados. Con todo, la situación de los residentes es muy diversa ya que muchos ostentan el derecho a permanecer en el inmueble aunque el propietario sea el banco. Sin embargo, hay otros casos en los que se ha producido una ocupación ilegal de las viviendas e incluso desalojados que han vuelto a ocupar de nuevo las viviendas por la fuerza, según explicó el alcalde, Vicent R. García Mont. Carlos Alós. Leer noticia completa en Levante-EMV
El constructora firmó en su día una hipoteca con la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), entidad que posteriormente pasó a manos del Banco de Sabadell, que hoy es el propietario de la totalidad de las viviendas, construidas hace unos tres años según explicó el ayuntamiento. Fuentes jurídicas admiten que la situación pone en peligro de desahucio a los ocupantes de las viviendas. Los residentes se han puesto en contacto esta semana con el ayuntamiento, que les derivó a la oficina de mediación ante el elevado número de afectados. Con todo, la situación de los residentes es muy diversa ya que muchos ostentan el derecho a permanecer en el inmueble aunque el propietario sea el banco. Sin embargo, hay otros casos en los que se ha producido una ocupación ilegal de las viviendas e incluso desalojados que han vuelto a ocupar de nuevo las viviendas por la fuerza, según explicó el alcalde, Vicent R. García Mont. Carlos Alós. Leer noticia completa en Levante-EMV
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