El interventor de Sueca rechaza el proyecto de reforma de la plaza

El PP pide la dimisión del alcalde y el edil de Urbanismo afirma que la obra se amplió al excavar en la plaza y descubrir tuberías sin señalizar

El grupo municipal popular del Ayuntamiento de Sueca ha pedido la dimisión del alcalde de la ciudad, Salvador Campillo, por haber «fraccionado» el contrato de la obra de reforma de la plaza del Ayuntamiento «para adjudicarlo a dedo». Este procedimiento es «ilegal, tal como ratifica el interventor».
Según la versión de los populares, a falta de colocar los bancos de la plaza, el coste de la obra ha sido de 133.889,08 euros, casi el triple de lo que había anunciado el gobierno local. «Dijeron que costaría 49.000 euros, de los cuales 35.000 los aportaba la Diputación de Valencia», señalaron.
El interventor municipal, según los populares, «ha hecho hasta tres notas de objeción de legalidad donde muestra el desacuerdo con la tramitación del expediente por irregularidades en la contratación de las obras. Éstas se han hecho intentando hacer creer que se trata de diversos contratos menores».
Las conclusiones del interventor pasan por mostrar su desacuerdo con la tramitación del expediente y formula una nota de objeción de legalidad al reconocimiento de la obligación , lo que determinaría la suspensión de la tramitación del expediente por la omisión de requisitos y trámites esenciales según el PP.
El gasto de la factura presentada por Escofet SA por el suministro de 700 metros cuadrados de pavimento color azul asciende a un total de 19.460 euros sin IVA (23.546.60 en total). Por tanto, «estamos hablando de una ilegalidad en la adjudicación a dedo. Se ha hecho valer el procedimiento del contrato menor cuando la ley dice que el máximo será de 18.000 euros».
Además, «no se ha fiscalizado la autorización previa del gasto ni su compromiso, el cual siempre tiene carácter preceptivo y obligatorio. El concejal de Urbanismo Enrique Vidal llevó en la mano la propuesta a la Junta de Gobierno local y no la pasó por Intervención».
El interventor, según los populares, considera que los trabajos realizados por Consritorsa SL (empresa que hace la obra) y Escofet SA (empresa que suministra el material), forman parte de la misma obra, observando que se ha fraccionado el contrato para evitar la tramitación de un expediente de contratación, como resultaba preceptivo, es decir, tienen la obligación de hacer un procedimiento por contrato mayor «y no lo han hecho, incumpliendo lo que marca la ley».
Por su parte, el concejal de Urbanismo suecano, Enrique Vidal, destacó que se tuvo que realizar un segundo proyecto al encontrarse, al hacerse las excavaciones, tuberías que no estaban en ningún plano. Vidal negó que el alcalde vaya a dimitir, defendió su actuación, «tengo la conciencia tranquila», y afirmó que la empresa local no tiene vinculación alguna con ediles.   Manuel García.  Leer noticia completa en Las Provincias