El titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Picassent ha impuesto una fianza de 1.984.507 de euros al agente comercial de Llombai investigado por estafa para que haga frente a las posibles responsabilidad económicas en caso de condena. El imputado, que está en libertad, no ha podido constituir la fianza y el magistrado ha ordenado el embargo de sus bienes, según recoge un auto al que ha tenido acceso Levante-EMV. Las partes han solicitado que se le embargue al imputado un bien inmueble y el juzgado ha reclamado que lo identifiquen con el número de finca registral.
La petición de embargo dictado por el magistrado revela que el supuesto fraude puede ser superior al que se estimó en un primer momento y que fue cifrado en medio millón de euros. Fuentes de la Ciudad de la Justicia recordaron que los jueces suelen fijar la cuantía de la fianza sumando a la cantidad defraudada un tercio del total.
El juez también ha pedido a la entidad bancaria a la que pertenece la agencia financiera que remita la justificación que acredite la cancelación de diez cuentas. Además, solicita los detalles de los movimientos de las diez cuentas en los dos años previos a su cancelación.
El caso, como adelantó Levante-EMV, salió a la luz cuando la entidad bancaria a la que pertenece la agencia financiera detectó unas irregularidades en las cuentas. En ese momento, el banco despidió al agente y denunció el caso en el juzgado.
El juez encargado del asunto tomó declaración el 16 de enero como imputado al agente financiero y a una decena de afectados. El imputado admitió que tramitó préstamos para sus clientes, pero rehusó contestar en profundidad a las preguntas de los abogados de los denunciantes tras advertir que necesitaba estudiar la documentación. Al parecer, el agente financiero emprendió inversiones inmobiliarias que no dieron el resultado esperado.
La entidad bancaria, que está personada en la causa contra su exempleado, realizó una auditoría de las cuentas para comprobar el alcance del supuesto fraude. Tras revisar la contabilidad a fondo, el banco certificó que no coincidían los asientos del dinero que debían tener los clientes en sus cuentas.

Hasta 35 afectados
el medio millón de euros, aunque ahora se sospecha que es muy superior.En el caso hay 35 perjudicados. Según ha podido confirmar este periódico, en las cuentas de varios clientes no figuraban los ingresos que habían realizado. El sospechoso supuestamente sacaba el dinero de las cuentas de las víctimas sin su conocimiento y lo invertía en operaciones inmobiliarias. Los pagos presuntamente los realizaba con cheques falsos a nombre de los propios clientes.  Ramón Ferrando.  Leer noticia completa en Levante-EMV