La concepción, desarrollo y financiación del embalse de Alarcón es un caso único en la historia hidráulica española. Nunca antes los usuarios de una obra considerada de interés general habían asumido íntegro su coste en auxilio del Estado. Ocurrió hace 70 años, en 1942, y fueron los regantes de la Ribera, junto con los usuarios industriales, las compañías eléctricas, quienes asumieron íntegro el coste de la mayor presa de la cuenca del Xúquer, más de mil hectómetros cúbicos, y una de las más grandes de España. Las obras del pantano se inauguraron en 1952, hace ahora 60 años, diez después de su inicio.
La entidad que las acometió fue la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ), creada en 1941 y constituida por la Real Acequia de Escalona, la Real Acequia de Carcaixent, la Acequia Real del Júcar, la Acequia Mayor de la Extinguida Villa y honor de Corbera (Cuatro Pueblos), la comunidad de regantes de Sueca y la de Cullera, además del sindicato de riegos de Tavernes e Hidroeléctrica Española, hoy Iberdrola. «La obra demuestra la capacidad de iniciativa de los regantes de la comarca que en plena postguerra fueron capaces de unirse e impulsar una entidad para construir la presa; es un caso extraordinario», dice el actual secretario general de USUJ, Juan Valero de Palma.
El presupuesto inicial fue de 80 millones de pesetas, aunque al final las obras costaron más de 800. Los regantes de la Ribera lo pagaron recibo a recibo, el 20% cuando se ejecutaban las obras y el resto en anualidades. «Las nuevas generaciones lo desconocen, pero los más mayores recuerdan perfectamente cómo estuvieron pagando recibos de amortizaciones hasta el año 2000», señala Valero de Palma.
España vivía en toda su crudeza la postguerra cuando los regantes decidieron asumir íntegramente los gastos de construcción de la presa: expropiaciones, indemnizaciones y todos los elementos indispensables para convertir Alarcón en una especie de nevera para épocas de carestía hídrica en una época en la que la «pertinaz sequía» causaba estragos en la agricultura.
«Demuestra que no sobra agua»
«Aquello demuestra que si los usuarios tradicionales estaban dispuestos a pagar por construir la presa era porque no les sobraba agua, porque la usan desde hace 700 años, pero si están dispuestos a pagar una infraestructura de esta magnitud es porque no les sobra», dice Valero. El dirigente destaca, además, la excelente «integración» de todos los usuarios del río, eléctricas y regantes, porque unos producen electricidad y otros usan el agua cuando llega al valle donde están los regadíos tradicionales.
Rafael Tasso, que durante la construcción de las obras fue secretario de USUJ y de la Real Academia de Historia, escribe en su libro Historia del regadío valenciano los «inmensos gastos» que supuso la construcción del embalse «y el esfuerzo extraordinario y entusiasmo sin límites», por disponer de una presa donde guardar el agua para por regar durante el verano.
Las obras acabaron en mayo de 1952 y Franco las inauguró ese año, aunque las complementarias eran de tal envergadura que el Ministerio de Obras Publicas no las consideró acabadas hasta 1970. Fue necesario construir el desvío de unos 40 kilómetros de la entonces carretera nacional de Madrid a Valencia y un puente en la cola del embalse.
Al final, entre el inicio de las obras y el momento en que USUJ recibe el embalse del Estado para su explotación y conservación pasaron más de 30 años. Fueron, además, los regantes quienes eligieron la ubicación idónea, precisamente en Alarcón un emplazamiento que ya llevaba lustros en proyecto, pero que el convulso inicio de siglo y la Guerra Civil habían retrasado.
Lo que los regantes de la Ribera hicieron no fue un gesto altruista sino la consecución para el Xúquer de un sistema de regulación anual que evitase en el futuro la falta de agua que en muchas épocas del año se producía en el regadío de la Ribera, precisamente en los momentos en que el agua era más necesaria, durante el verano, señala Tasso. Por ello se construyó Alarcón, un embalse sobre el que los regantes del Xúquer poseen derechos innegables, como constató el Tribunal Supremo en 1983, así como sobre las aguas del Júcar y sus afluentes, en una época en la que los usuarios de Alicante presionan para llevarse una buena parte.  Carlos Alós.  Leer noticia completa en Levante-EMV