El 27 de octubre, el equipo de gobierno aprobó subrogar a las 7 empleadas encargadas de la limpieza de colegios públicos con los informes desfavorables de la interventora municipal, la técnica de Contratación y la técnica de Personal. Cabe recordar que estas empleadas estaban a cargo de la empresa que tenía adjudicado el servicio, pero el equipo de gobierno decidió, por pura ideología, no prorrogar el contrato y recuperar el servicio. El problema es que la ley impide recuperar también a los trabajadores y hacerlos “funcionarios por vía directa”. El equipo de gobierno lo sabía, y los informes de los técnicos así lo advirtieron.
A pesar de todo, siguieron adelante, y la Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana requirió al Ayuntamiento de Algemesí para que en el plazo de un mes, anulara dicho acuerdo. En su demoledor informe, los servicios jurídicos del Gobierno de España concluían que la decisión tomada por el equipo de gobierno suponía “un fraude de ley, ya que nos encontramos ante un acceso encubierto a la función pública” y además “en ningún momento se hace referencia a la superación de ninguna prueba ni proceso selectivo, sino que la asunción del personal se hace por reversión del servicio”.
El 27 de noviembre, el equipo de gobierno parece que echa marcha atrás y propone anular el acuerdo, pero no lo lleva a la Junta de Gobierno hasta el día 7 de diciembre. A pesar de ello, tal y como consta en el acta de dicha Junta de Gobierno Local, el equipo de gobierno aprueba por unanimidad retirar el punto del orden del día.
El 14 de diciembre finalizaba el plazo para anular el acuerdo, pero en un nuevo acto de chulería y prepotencia, la alcaldesa, el concejal de Personal y el resto de concejales del gobierno municipal han preferido continuar en este callejón sin salida.
Por todo ello, el Partido Popular de Algemesí ha denunciado el caso en la Fiscalía y ha trasladado también el expediente al Tribunal de Cuentas de Madrid para que lo investiguen y depuren las responsabilidades que sean necesarias.  No olvidemos que los trabajadores se encuentran en una situación legal muy delicada y que las decisiones tomadas por los concejales del PSOE y de EU están haciendo peligrar la estabilidad que tenían garantizada con la empresa.
Además, hay que tener en cuenta el perjuicio económico que puede suponer para las arcas municipales la responsabilidad jurídica del Ayuntamiento de Algemesí con los 7 trabajadores, consecuencia de este acuerdo adoptado a sabiendas de los informes técnicos en contra.
Por último, el PP de Algemesí lamenta la complicidad de Més Algemesí (Compromís) en todo este tema. Las actas de la Junta de Gobierno se envían a todos los concejales y en varias de ellas se hace referencia al asunto, pero al partido de Josep Bermúdez no le ha interesado denunciarlo, lo que evidencia su selectividad a la hora de azotar en la prensa según qué cosas. Cabe recordar que fue Més Algemesí quien presionó al equipo de gobierno para que el nuevo contrato de limpieza de colegios se sacase a concurso para un año más otro de prórroga (y no 4+2 como propuso el equipo de gobierno) y les animó a recuperar el servicio como hicieron sus compañeros de partido en Alzira (Compromís) con la radio y la piscina.
Si finalmente hay que despedir a los trabajadores e indemnizarlos, los responsables jurídicos serán los concejales del PSOE y de EU, pero que no quepa duda que Més Algemesí también tendrá su parte política de responsabilidad; primero por incitar la decisión y luego por no denunciarla.
Estas decisiones temerarias apoyan también las críticas sobre la nefasta política de personal que se ha estado llevando a cabo estos casi tres años y que hemos estado denunciando desde el Partido Popular pleno tras pleno. El aumento desmesurado del gasto en horas extras, la mala organización de la plantilla y multitud de reclamaciones en los procesos de oposición son el legado que nos dejan Asensio García y Marta Trenzano.