El pasado 24 de enero, Més Algemesí publicó una nota informando de la “apertura de diligencias de investigación penal por el pago irregular de una factura”. Sólo con el titular ya se daba por sentado que Més Algemesí además de informar, actuaba de fiscal y de juez y condenaba directamente al equipo de gobierno, saltándose el derecho constitucional a la presunción de inocencia en lo que ha sido una de las actuaciones políticas más repugnantes que ha vivido Algemesí en su historia. El Sr. Bermúdez tuvo una reunión con representantes del PP para pedirles que modificaran, de clara forma ilegal, lo acordado por la Junta de Gobierno, a lo que evidentemente los miembros del equipo de gobierno se negaron. Bermúdez dijo “ellos sabrán por qué”. Y efectivamente, porque tal y como ha dejado clara la Fiscalía, la actuación del equipo de gobierno del PP ha sido escrupulosamente legal y ha cumplido con todas las obligaciones que le correspondía. No así Més Algemesí que incitó a cometer actos irregulares conducentes a prevaricar. En su nota de prensa se acusó al equipo de gobierno de que, por estos hechos, “se mostraba la perjudicial gestión que está desarrollando un equipo de gobierno incapaz de cumplir la legalidad”. El archivo de la causa y lo expuesto por la Fiscalía demuestran que el único objetivo de la denuncia era crear en la ciudadana la opinión de mala gestión por parte del PP y de que se realizase un juicio mediático contra las personas señaladas por sus dedos inquisidores. Han mentido diciendo que ellos no han denunciado nada, que sólo han informado. Sin embargo la Fiscalía deja muy claro en su auto de archivo, apartado primero, que “la investigación se incoa en virtud de denuncia presentada en fecha 22/10/2013 en esta fiscalía por Josep Antoni Bermúdez i Roses… del partido político Mes Algemesí”.