PP Carlet
 

MOCIÓN CORRUPCIÓN POLÍTICA

Dña. Laura Sáez Martínez, portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Carlet, en nombre y representación del mismo y al amparo de lo establecido en los artículos 97.2 y 82.3
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 1986, eleva al Pleno de la Corporación para su debate la siguiente MOCIÓN, de acuerdo con
la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los últimos barómetros del CIS reflejan una creciente percepción por parte de la ciudadanía de que la clase política y los partidos políticos ocupan el tercer lugar del ranking de los problemas
que preocupan a los españoles, seguido de la inquietud por la corrupción y el fraude.
Según Tranparency lnternational en su barómetro global de corrupción, España ocupa el puesto 30 de una lista de 183 países.
En los últimos tiempos se está registrando un creciente aumento de los casos de corrupción política que están siendo investigados por los distintos Juzgados de Instrucción en nuestro país.
La corrupción se está convirtiendo en un cáncer que está corroyendo el sistema democrático.
La corrupción política tiene indignados a todos los ciudadanos, pero sobre todo a los políticos honrados. Se está viviendo uno de los momentos de mayor desafección de los ciudadanos hacia
los representantes de los partidos políticos.
La lista de los principales casos de corrupción vinculados a las distintas formaciones políticas es extensa, el caso "Marea" en Asturias, el "Palma Arena", "Noos", "Ibatur", "Bomsai" o "Funeraria"
en Baleares, el "Palau" o el caso "Pretoria" o “Pujol” en Cataluña, el caso "Bravo", "Balenciaga" o caso "Margüello" en el País Vasco, el ‘Pokémon’ en Galicia, el "Guateque" en Madrid, "Mercasevilla", "Camas", "Invercaria", "Malaya", "Majestic" o "ERES" en Andalucía, la trama delictiva "Varadero" en Canarias, o el caso “Gürtel” en la Comunidad Valenciana y Madrid,
‘Bárcenas’, Ayuntamiento de Lloret, Fundación Ideas, etc. Sería imposible enumerarlos todas las causas penales abiertas, entre procedimientos judiciales y diligencias de investigación, contra
miembros de partidos políticos por casos de corrupción. Como hemos visto, la corrupción no es patrimonio de un determinado espectro político, ya que hay ejemplo de todos los grupos. No es
nuestra intención denunciar a políticos concretos ni centrarnos en ningún partido político, ya que pocos se libran de esta lacra, sino intentar que los culpables de acciones delictivas se
responsabilicen de sus actos.
Estos problemas no pueden ser ignorados o minimizados por más tiempo, se deben investigar con celeridad y ha llegado el momento de enfrentarse seriamente a los mismos, tanto para
apartar de la vida pública a los corruptos, como para acometer las reformas legales necesarias para que sea imposible presentar candidatos en las listas electorales sobre los que existen
indicios racionales de haber cometido actos de corrupción. Ya que ello acarrea un grave desprestigio a nuestras instituciones. Abogamos por una legislación extremadamente beligerante
ante cualquier caso de corrupción que garantice la persecución hasta el final de este tipo de delitos.
En la misma línea de regeneración democrática, es importante la reforma del Código Penal que pone fin a la exención del fin de la responsabilidad penal de los partidos políticos. Los partidos
políticos y los sindicatos son entidades de naturaleza asociativa privada con personalidad jurídica propia, por lo que carece de justificación que estén exentos de cualquier tipo de responsabilidad penal, máxime cuando las fundaciones, Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y otros entes privados sin ánimo de lucro están sujetos a dicha responsabilidad.
La inclusión de los partidos políticos y sindicatos en el régimen de responsabilidad de las personas jurídicas colaborará sin duda a que los mismos empiecen a cumplir los deberes que
objetivamente les competen de persecución de la lacra de la corrupción, tales como el establecimiento de filtros y medidas necesarias para erradicar a los corruptos de sus listas
electorales, la creación de protocolos de minimización de riesgos delictivos y códigos de ética y conducta de sus cargos públicos.

ACUERDOS
Por todo ello, solicitamos a los miembros del pleno del ayuntamiento la aprobación de los siguientes acuerdos:
1. Que se activen todos los mecanismos de investigación y se adopten las medidas necesarias a fin de asegurar que los acusados formalmente por un delito relacionado con la corrupción no
puedan integrar candidaturas electorales ni, en su caso, seguir ostentando cargos públicos, acometiendo las reformas legales necesarias para incluir tales supuestos como causas de
inelegibilidad e incompatibilidad en nuestra legislación.
2. La respuesta de los partidos políticos ante las acciones corruptas debe ser absolutamente clara, nítida y lo más rápida posible, respetando el derecho constitucional a la presunción de
inocencia.
3. Exigir a la Justicia celeridad en los casos de corrupción.
4. Que se alcance un Pacto de Estado contra la corrupción; el máximo consenso en la futura Ley de Transparencia, acceso a la Información Pública y Buen Gobierno que reconozca el derecho a
la información, la comunicación y el conocimiento como un derecho fundamental y que regule específicamente la transparencia de datos institucionales.
5. Remitir este acuerdo al Presidente del Gobierno de la Nación, al presidente de la Generalitat Valenciana, a los diferentes grupos políticos con representación en las Cortes Valencianas y en
el Congreso de los Diputados.

Fdo. Laura Sáez Martínez (Portavoz Grupo Municipal Popular)
 

SRA ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE CARLET