El PP denuncia que la distribución de brigadas forestales se ha hecho de espaldas a los ayuntamientos

“El gobierno de Rodríguez miente cuando dice que se aprobó esa propuesta de la Universidad Politécnica en el consejo de administración de Divalterra”

El Grupo Popular de la Diputación de Valencia ha criticado que la nueva distribución de las bases de las brigadas forestales de Divalterra que pretende implantar el equipo de gobierno de Jorge Rodríguez se ha hecho de espaldas a los ayuntamientos y sin haber sido sometido a la aprobación del consejo de administración de la empresa pública.
Así lo ha denunciado el diputado popular Rafael Soler, quien ha añadido que el órgano de gobierno de Divalterra “ni trató ni acordó un plazo para que los municipios adecuen las bases, ni que en caso contrario perderían las brigadas”.
“Entre otras cuestiones –ha continuado-, la obligación de dotar a sus trabajadores de unas instalaciones dignas es de la empresa provincial, en ningún caso de los ayuntamientos”, por lo que ha instado a Jorge Rodríguez y a los cogerentes de Divalterra a “aportar soluciones y desatascar la gestión en lugar de generar problemas y trasladar la presión a los alcaldes bajo amenaza de retirar las brigadas de sus municipios”.
En este sentido, ha propuesto que la Diputación a través de convenios con los ayuntamientos se haga cargo del coste de adecentar aquellas bases que no cumplan con las condiciones mínimas exigibles para el uso de los empleados de Divalterra: “La mayoría de los locales cumple con los requisitos exigibles y son pocos los casos en los que se incumple la normativa”.
Soler ha incidido en que “no se ha tenido en cuenta la opinión ni las necesidades de los municipios en la planificación de las brigadas forestales, pero además no se ha dado la oportunidad a los miembros del consejo de Divalterra de analizar y votar la propuesta”, elaborada por la Universidad Politécnica de Valencia.
“En la última reunión del consejo de administración simplemente se dio cuenta de ese documento, sin que hayamos podido trabajarlo y mejorarlo. No es cierto que se haya aprobado, porque ni siquiera nos han dado la oportunidad de hacerlo, pero además tampoco se hizo mención a la posibilidad de que algunos ayuntamientos perdieran las bases si no las adecuaban”, ha añadido.
Rafael Soler ha subrayado que el estudio “no tiene en cuenta la ubicación estratégica de algunas de estas brigadas, por ejemplo las de Sellent y Estubeny, que por su posición y su rápida conexión con infraestructuras de comunicación como la A7 son de las más ágiles y rápidas en actuar y de las que más conatos de incendio han detectado y sofocado en los últimos años”. Precisamente estas son dos de las brigadas que la propuesta elimina, junto a las de Torrebaja y Gátova, que son dos zonas con riesgo de despoblación.
Por otra parte, Soler ha calificado de “torpeza mayúscula” la implantación de esta nueva planificación “sin tener en cuenta la puesta en marcha de las brigadas verdes, anunciadas a bombo y platillo en abril de 2016 y de las que no tenemos noticia, cuando en las poblaciones donde se retiran las bases podrían mantenerse las brigadas forestales como brigadas verdes”.
El diputado popular se ha referido al “enorme malestar” existente entre los alcaldes afectados: “Ni desde Divalterra ni desde el equipo de gobierno de la Diputación se han puesto en contacto con ellos para trasladarles esta decisión, de nuevo arbitraria como ya es costumbre desde que gobierna este presidente”. Rafael Soler considera que estamos ante “una nueva cortina de humo que se lanza desde el entorno del presidente para tapar sus vergüenzas en la gestión de la empresa pública, en particular tras las dos últimas contrataciones a dedo de dos cargos socialistas afines”.