La directora general de Eficiencia y Régimen Económico de la Conselleria de Sanidad, Carmelina Pla, ha participado este martes en Alberic en un acto para explicar los presupuestos del Consell para 2019 y hacer balance de los tres años de gobierno en la Comunitat junto a la diputada en Les Corts y secretaria de Justicia Social del PSPV-PSOE, Concha Andrés, y la teniente de alcalde de Alberic, Rosario Lázaro. “La Ribera Alta es un ejemplo de la apuesta del Consell por la sanidad pública y de calidad para toda la ciudadanía”, ha explicado Pla.
La directora general ha puesto en valor la recuperación del Hospital de La Ribera para la sanidad pública y ha expuesto que en 2019, el Presupuesto de la Generalitat destinará 22’7 millones de euros en políticas sociales. “Eso significa que cada día la Generalitat invierte en la comarca cerca de 62.000 euros en sanidad, educación, empleo, igualdad, vivienda y políticas inclusivas”, ha expresado Pla. Entre estas inversiones, ha destacado que en Alberic se van a destinar 35.000 euros para la ampliación del Centro de Salud de Alberic dentro del Plan de Dignificación de Infraestructuras Sanitarias de la Generalitat.
“Los Presupuestos de la Generalitat para 2019 suponen la consolidación del nuevo modelo social por el que está trabajando este Consell”, ha señalado Concha Andrés. La diputada en Les Corts y secretaria de Justicia Social del PSPV-PSOE ha recordado que desde 2015 “el principal objetivo del gobierno valenciano ha sido recuperar derechos para una ciudadanía que venía de estar maltratada por los recortes del PP”. Andrés ha destacado así medidas como la aprobación de la renta valenciana de inclusión, el fin del copago sanitario, la universalización de la sanidad o el aumento de las ayudas para el alquiler social de vivienda.
Para la parlamentaria del Grupo Socialista, “la apuesta política clara de l’Acord del Botànic ha permitido en estos tres años recuperar mucho de lo perdido y consolidar el Estado de Bienestar Social”. Así, ha añadido que los datos secundan las políticas puestas en marcha con el impulso en la atención a las más de 70.000 personas dependientes, los 1’5 millones de niños y niñas que ya no pagan libros de texto o las 200.000 personas más trabajando respecto a 2015.