El Tribunal de Cuentas traslada a la Fiscalía “presuntas irregularidades en materia de personal” en el Ayuntamiento de Algemesí
Viernes, 13 de abril de 2018 | e6d.es
• El PP exigirá que todos los gastos judiciales que se deriven los asuman la alcaldesa y sus concejales (PSOE e IU)
A finales de 2017, el Partido Popular de Algemesí denunció públicamente que el equipo de gobierno había decidido no prorrogar el contrato con la empresa encargada de la limpieza de los colegios públicos, asumir el servicio y subrogar a las siete trabajadoras. Lo hizo con los informes negativos de los departamentos de Contratación, Personal, Intervención y Secretaría.
Los Servicios Jurídicos de la Delegación del Gobierno advirtieron a los pocos días de que se trataba de “un fraude de ley, ya que nos encontramos ante un acceso encubierto a la función pública”, porque “en ningún momento se hace referencia a la superación de ninguna prueba ni proceso selectivo, sino que la asunción del personal se hace por reversión del servicio”, decía el informe. Instaba al ayuntamiento a anular el acuerdo en un plazo de 30 días, pero no lo hicieron, por lo que la Delegación del Gobierno presentó un recurso contencioso administrativo.
El Grupo Municipal del Partido Popular de Algemesí remitió el expediente al Tribunal de Cuentas de Madrid, puesto que las trabajadoras, a fecha de hoy y desde el 1 de noviembre de 2017, están dadas de alta en la Seguridad Social a cargo del Ayuntamiento de Algemesí, algo completamente ilegal que pone en riesgo su seguridad jurídica y su estabilidad laboral, a causa de una alcaldesa y un equipo de gobierno negligentes.
El pasado 20 de marzo de 2018, el Tribunal de Cuentas remitió una célula de notificación donde, dadas las “presuntas irregularidades en materia de personal” daba la oportunidad al Ayuntamiento de Algemesí de presentar alegaciones en el plazo de 5 días, a fin de proceder al “archivo de las presentes actuaciones o el nombramiento de Delegado Instructor para la práctica de diligencias”.
La alcaldesa contestó, únicamente con su firma, unas alegaciones que no han convencido al Tribunal de Cuentas, puesto que ayer mismo, 12 de abril, volvió a notificar que daba traslado al Ministerio Fiscal. Y es que la alcaldesa se limitó a decir que “se han adoptado las medidas oportunas para solucionar el problema” y a alegar que ahora no se está pagando ni el IVA ni el beneficio industrial. De los informes desfavorables, nada de nada.
Sacar nuevamente el pliego a licitación para dejarlo todo como estaba no exime de las presuntas irregularidades cometidas, por lo que, “el problema” al que se refiere la alcaldesa, lo han generado ella y su equipo de gobierno, así que ahora toca asumir las responsabilidades que se deriven.
Desde el Partido Popular de Algemesí advertimos al equipo de gobierno de que vamos a exigir que todos los costes que se deriven del proceso judicial sean asumidos por aquellos que tomaron la decisión a sabiendas de las advertencias de los técnicos. Los vecinos de Algemesí no tienen por qué pagar las negligencias originadas por el PSOE e Izquierda Unida; un gobierno débil y fracturado que ha perdido el norte y que no se dedica a trabajar por los vecinos de Algemesí, sino a imponer su ideología en contra de la ley y a costa del dinero del contribuyente.
Los Servicios Jurídicos de la Delegación del Gobierno advirtieron a los pocos días de que se trataba de “un fraude de ley, ya que nos encontramos ante un acceso encubierto a la función pública”, porque “en ningún momento se hace referencia a la superación de ninguna prueba ni proceso selectivo, sino que la asunción del personal se hace por reversión del servicio”, decía el informe. Instaba al ayuntamiento a anular el acuerdo en un plazo de 30 días, pero no lo hicieron, por lo que la Delegación del Gobierno presentó un recurso contencioso administrativo.
El Grupo Municipal del Partido Popular de Algemesí remitió el expediente al Tribunal de Cuentas de Madrid, puesto que las trabajadoras, a fecha de hoy y desde el 1 de noviembre de 2017, están dadas de alta en la Seguridad Social a cargo del Ayuntamiento de Algemesí, algo completamente ilegal que pone en riesgo su seguridad jurídica y su estabilidad laboral, a causa de una alcaldesa y un equipo de gobierno negligentes.
El pasado 20 de marzo de 2018, el Tribunal de Cuentas remitió una célula de notificación donde, dadas las “presuntas irregularidades en materia de personal” daba la oportunidad al Ayuntamiento de Algemesí de presentar alegaciones en el plazo de 5 días, a fin de proceder al “archivo de las presentes actuaciones o el nombramiento de Delegado Instructor para la práctica de diligencias”.
La alcaldesa contestó, únicamente con su firma, unas alegaciones que no han convencido al Tribunal de Cuentas, puesto que ayer mismo, 12 de abril, volvió a notificar que daba traslado al Ministerio Fiscal. Y es que la alcaldesa se limitó a decir que “se han adoptado las medidas oportunas para solucionar el problema” y a alegar que ahora no se está pagando ni el IVA ni el beneficio industrial. De los informes desfavorables, nada de nada.
Sacar nuevamente el pliego a licitación para dejarlo todo como estaba no exime de las presuntas irregularidades cometidas, por lo que, “el problema” al que se refiere la alcaldesa, lo han generado ella y su equipo de gobierno, así que ahora toca asumir las responsabilidades que se deriven.
Desde el Partido Popular de Algemesí advertimos al equipo de gobierno de que vamos a exigir que todos los costes que se deriven del proceso judicial sean asumidos por aquellos que tomaron la decisión a sabiendas de las advertencias de los técnicos. Los vecinos de Algemesí no tienen por qué pagar las negligencias originadas por el PSOE e Izquierda Unida; un gobierno débil y fracturado que ha perdido el norte y que no se dedica a trabajar por los vecinos de Algemesí, sino a imponer su ideología en contra de la ley y a costa del dinero del contribuyente.
Partido Popular de Algemesí