El secretario autonómico de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, Joaquín Vañó, ha destacado el apoyo de la Generalitat al sector agrario, y especialmente a los agricultores, de la Comunitat por su valor estratégico actual y de futuro a nivel económico y social.
Joaquín Vañó ha realizado estas declaraciones tras inaugurar la XII Setmana del Camp d'Algemesí, un punto de encuentro ya consolidado de agricultores y otros agentes del sector agroalimentario de nuestro territorio donde intercambiar experiencias y conocimientos.
Asimismo, ha indicado la necesidad de mejorar la rentabilidad agraria, premisa fundamental para conseguir el relevo generacional y, a su vez, garantizar el futuro de la agricultura. En este sentido, ha reclamado una actuación conjunta por parte de todos los agentes que forman la cadena de valor para que sus relaciones comerciales se rijan por el equilibrio y el principio de transparencia, objetivos que persiguen precisamente la nueva legislación promovida por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
El secretario autonómico también ha explicado otras iniciativas que viene desarrollando la Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua con esta finalidad como son la investigación de nuevas variedades con mejores posibilidades de comercialización, el impulso de cultivos alternativos o el apoyo a nuevas prácticas de cultivo como la producción ecológica.
A este respecto, ha subrayado el propósito de la Generalitat de replantear el modelo investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) para conseguir una mayor coordinación con las necesidades y prioridades tecnológicas de los productores, así como obtener resultados orientados a las demandas del mercado y su transferencia a todo el sector.
Del mismo modo, ha manifestado los esfuerzos del Consell, junto al Gobierno Central, para que la futura Política Agraria Común 2014-2020 recoja la idiosincrasia de la agricultura valenciana a la hora de definir quien es 'agricultor en activo', los límites de importaciones de países terceros, la necesidad de un seguro de rentas o que las ayudas europeas valoren la productividad por encima de otros criterios como la superficie, entre otras cuestiones.