La Conselleria de Justicia ha restringido las llamadas telefónicas entre provincias y a números móviles de los juzgados de Catarroja y Picassent, junto con los de otros como Requena, Carlet, Sagunto, Segorbe y Elche. El objetivo es, según apuntan desde Justicia, «incidir en el ahorro de la factura telefónica y evitar el abuso» que, en algunas ocasiones, se hace del teléfono.  La propuesta medida no ha sentado nada bien entre los trabajadores, que la consideran una dificultad añadida para el ejercicio de sus funciones. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) ha denunciado que con la puesta en práctica de esta medida, la conselleria «está incomunicando los juzgados valencianos». El sindicato advierte de que, con ello, «se impide realizar comunicaciones a las partes implicadas en un proceso y ralentiza el trabajo de los empleados públicos». Lo que antes era tan fácil como descolgar el teléfono para efectuar un trámite o avisar a algún afectado por un procedimiento judicial, ahora supone tener que desplazarse de su puesto de trabajo, en el caso de que el afectado viva fuera de cada provincia o sólo disponga de un teléfono móvil, para poder desempeñar esta función. Hace ya unos meses que esta medida se está llevando a cabo en algunos juzgados de la Comunitat, según denuncian desde CSI·F. Los técnicos de telefonía, con la orden de conselleria, se presentaron en los tribunales señalados y alteraron el funcionamiento de las líneas de los terminales con el fin de que únicamente hubiera un teléfono desde donde poder realizar las llamadas interprovinciales y a números móviles.
Este único aparato, que conserva todas sus funciones según explican desde la central sindical, suele estar en ventanilla, «por lo que la conversación no se desarrolla con la intimidad necesaria que requieren este tipo de trámites ni en las condiciones adecuadas». Además, en ocasiones los funcionarios tienen que hacer turnos para poder usarlo.
El sindicato alerta de que la situación está llegando hasta el punto de que el Servicio Común de Notificaciones y Embargos (SCNE) de diferentes juzgados se ha quedado sin comunicación propia y sólo pueden llamar a teléfonos fijos de su misma provincia, a pesar de que «muchos ciudadanos dejan su número de teléfono móvil para contactar con ellos y de que para trámites como exhortos, los afectados pueden estar en cualquier lugar de España». Ante todo ello, lamentan «el grave perjuicio que está causando al servicio público la restricción para realizar los actos de comunicación y los trámites de avisos a los usuarios desde los juzgados». De hecho, ha solicitado a la Dirección General de Justicia que reactive las líneas para que «todos los terminales telefónicos tengan la posibilidad de realizar llamadas nacionales y a móviles». Leer noticia completa en lasprovincias.es