La alcaldesa de Algemesí en el punto de mira del gobierno por ‘fraude de ley’

El PP de Algemesí va a remitir el caso a la Sindicatura de Comptes

El día 9 de junio de 2017, la Junta de Gobierno Local aprobó no prorrogar el contrato suscrito con la empresa encargada de la limpieza de los colegios públicos Cervantes, Ribalta, Blasco Ibáñez y el de Educación Especial. Se trata de un servicio que históricamente ha estado externalizado y que ahora, el equipo de gobierno ha decidido revertir por una cuestión puramente ideológica, ya que no existen quejas ni deficiencias en el servicio prestado por la empresa que justificasen no prorrogarlo un año más.
Lanzados a la piscina sin agua, llega el momento de saber qué hacer con el personal, pero la ley es clara: no se puede subrogar a los trabajadores. Así lo afirman tajantemente la interventora municipal y la jefa de Personal en un informe de octubre que sentencia que “la subrogación del personal se informa desfavorablemente”.
También el departamento de Contratación advirtió en mayo, antes de decidir no prorrogar el contrato, que “especialmente problemático puede ser la subrogación y mantenimiento de las condiciones frente a las normas de contención del gasto en las Administraciones Públicas”. Además, el documento informaba que había precedentes en el Ayuntamiento de Alzira, donde “la reversión del servicio (de la radio y la piscina) ha sido recurrida por la Delegación del Gobierno, pendiente de sentencia a la fecha de emisión de este informe”.
Efectivamente, en julio, el juzgado de lo contencioso-administrativo número 5 de Valencia daba la razón a la Delegación de Gobierno y anulaba el acuerdo del Ayuntamiento de Alzira.
A pesar de los informes desfavorables de los tres departamentos y del precedente judicial creado por el Ayuntamiento de Alzira, el equipo de gobierno de Algemesí aprobó por unanimidad en Junta de Gobierno Local de 27 de octubre, la subrogación de las 7 trabajadoras con la última de las advertencias, “vistos los informes desfavorables de la técnica de contratación, la técnica de personal y de la interventora que figuran en el expediente”. Una decisión que evidencia la chulería y la prepotencia con la que gobiernan.
Sólo tres días después, el Servicio de Asuntos Jurídicos de la Delegación de Gobierno remitía al Ayuntamiento un requerimiento para que le aportasen la copia del expediente y todos los informes técnicos, que fueron facilitados por los funcionarios municipales. El día 14 de octubre, mediante otro requerimiento, la Delegación de Gobierno dio un mes de plazo al Ayuntamiento para anular el acuerdo.
“Estamos ante un fraude de ley, ya que nos encontramos ante un acceso encubierto a la función pública”, concluye el demoledor informe de los Servicios Jurídicos de la Delegación de Gobierno tras revisar la documentación solicitada, que añade que “en ningún momento se hace referencia a la superación de ninguna prueba ni proceso selectivo, sino que la asunción del personal se hace por reversión del servicio”. Es decir, es una decisión arbitraria, ilegal y temeraria tomada por todos los integrantes de la Junta de Gobierno. Por todo ello, requiere al Ayuntamiento de Algemesí a que “anule el acuerdo adoptado bajo el punto 14 del orden del día de la Junta de Gobierno Local de fecha 27/10/2017, todo ello con urgente comunicación a este centro”.
Estamos pues, ante un absoluto desafío del equipo de gobierno hacia los técnicos y hacia la legalidad, que lo único que va a conllevar es una batalla judicial como ha ocurrido en Alzira si deciden no anular el acuerdo. Por el contrario, si anulan el acuerdo, el Ayuntamiento deberá despedir a los trabajadores y pagar las indemnizaciones correspondientes, como ya sucedió con el despido improcedente de las dos técnicas ADL.
Es vergonzoso que un gobierno que se hace llamar progresista utilice como marionetas a los trabajadores, que actualmente se encuentran en una situación de indefensión y cuyo futuro laboral pende de un hilo por una decisión irresponsable que acabaremos pagando todos los contribuyentes.
Todo esto nos lo hubiésemos ahorrado si hubiesen prorrogado el contrato, pero han preferido saltarse la ley y ahora deberán asumir las consecuencias legales y penales que se deriven. El PP de Algemesí ya tiene preparada toda la documentación para remitir el caso a la Sindicatura de Comptes y que, si así lo considera, lo ponga en conocimiento de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. No olvidemos que la decisión de subrogación se toma a sabiendas de que es claramente ilegal y las primeras nóminas del mes de noviembre también se pagarán de forma irregular. Veremos también cómo arreglan este desastre, puesto que los colegios deben seguir limpiándose.