La denuncia de Ana Calatayud (UxV) costará a las arcas municipales de Carcaixent más de 6.000 euros

El Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Valencia apoya la solvencia del Interventor, considera indebido el uso de la vía penal y reprueba las descalificaciones contra el funcionario

El procedimiento judicial iniciado a raíz de la denuncia presentada por Ana Calatayud Portavoz del grupo Units per Valencia, contra el Interventor del Ayuntamiento de Carcaixent, por un presunto delito de prevaricación administrativa, ocasionará a las arcas municipales un gasto superior a los 6.000 euros.
La defensa jurídica del Interventor presentó ayer una minuta de honorarios por un total de 5.808 euros, a los cuales deberá añadirse la minuta de la Procuradora en este procedimiento, que se presentará en los próximos días, según informó a la Corporación el Secretario en el último Pleno celebrado.
Con ello, los gastos originados a raíz de la denuncia de Ana Calatayud (Units per Valencia), superarán ampliamente los 6.000 euros, “una cantidad que pagaremos todos los vecinos de Carcaixent”, según matizaron ayer desde el gobierno municipal.
Tanto la Fiscalía, como el Juzgado de Primera Instancia y la Audiencia Provincial, han desestimado la denuncia de Ana Calatayud, Portavoz de Units per Valencia, archivando la causa contra el Interventor Municipal por un presunto delito de prevaricación.
Por otro lado, la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Valencia, en escrito remitido al Ayuntamiento, ha comunicado “su posicionamiento de apoyo y reconocimiento a la labor profesional del Interventor de Carcaixent”.
Según el mismo escrito “habiéndose procedido ya por la autoridad judicial competente al archivo de la primera de las causas penales que afectaban al interventor mencionado, y resultando que no obstante esta circunstancia, continúa la tendencia de utilización de la vía penal, acompañada de manifestaciones de descalificación contra el funcionario indicado”.
En este contexto, la Junta de Gobierno del mencionado Colegio acordó también “apoyar la labor profesional desempeñada por el Interventor del Ayuntamiento de Carcaixent en el cumplimiento de sus funciones, ejercida en términos de normalidad y corrección”, así como “exponer la solvencia profesional del funcionario, acreditada por la consecución por éste de la pertenencia a la máxima categoría (superior) de la subescala de Intervención-Tesorería, adquiriéndola en edad temprana, evidenciando con ello su competencia profesional, también acreditada en el desarrollo de la función de intervención en otros ayuntamientos”.
Por otra parte, este Colegio profesional también considera “sin perjuicio del respeto del derecho de acceso a la justicia, indebida la utilización de la vía penal contra el funcionario referido si el fin pretendido con ello no es el de amparo del ordenamiento jurídico, reprobando cualquier actitud discordante con este fin estrictamente jurídico y que pretenda otros de distinta naturaleza”.
Finalmente, este organismo reprueba “cualquier manifestación de descrédito profesional o personal del funcionario citado, considerando que cualquier descalificación indebida o gratuita supone un agravio contra el empleado público y, por extensión, contra este Colegio en el que se integra”.
En el mismo Pleno, el Secretario informó del escrito remitido por el propio Interventor, en el cual informaba del archivo de la causa abierta contra él, entendiendo que la sentencia supone un respaldo a su postura de “máxima transparencia” y “cumplimiento estricto de la ley”, lamentando tanto el “desgaste personal y laboral” como el “coste económico que ha ocasionado este procedimiento”, agradeciendo “el respaldo de mis compañeros y de la mayoría de grupos políticos del Consistorio”.