La Diputación de Valencia renueva su convenio con el Colegio de Abogados de Alzira

Del que depende la oficina de intermediación hipotecaria

El presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, ha renovado esta mañana el convenio con el Ilustre Colegio de Abogados de Alzira para la prestación de servicios de asesoramiento jurídico, mediación, intermediación y negociación sobre los préstamos y arrendamientos relativos a la vivienda habitual a los afectados por los desahucios.
El decano de este Colegio de Abogados, Antonio Llácer, ha mencionado que el servicio, al que se han adherido un 98% del total de las poblaciones que pertenecen al partido judicial de Alzira, está obteniendo unos resultados muy satisfactorios. “Hay mucha gente interesada y la prestación está casi siempre saturada, por lo que es muy necesaria para que los afectados encuentren una solución”. Por ello, Llácer reconoce que gracias a esta apuesta de la entidad provincial “la gente vuelve a ver la luz, una salida,” y destaca que las mediaciones “están llegando a muy buen puerto con resultados muy satisfactorios”.
“Las entidades bancarias –asevera- ya están viendo que es más factible conseguir una dación en pago de una vivienda determinada que acudir a juicio con los problemas que eso conlleva, por lo tanto, se ha puesto de manifiesto que la mediación es positiva para la entidad y para el ciudadano”.
El convenio entre la entidad provincial y el Colegio de Abogados de Alzira asciende a 11.600 euros anuales. 
Los servicios son prestados gratuitamente a los municipios integrados en cada uno de los partidos judiciales y los vecinos de los municipios integrados en cada partido judicial que tengan alguna problemática jurídica en cuanto propietarios, usufructuarios, arrendatarios u ocupantes de inmuebles destinados a su propia vivienda habitual. 
Con esta iniciativa, el mediador pone a disposición de las partes las técnicas y la información necesaria para que puedan alcanzar acuerdos totales o parciales, evitando así que necesariamente hayan de dejar en manos de la autoridad judicial la solución total o parcial de sus conflictos.