La familia del joven de Algemesí que fue víctima del toro 'Ratón' exige 100.000 euros por su muerte

Acusan al ayuntamiento de negligencia por dejar al joven de Algemesí participar en los festejos pese a que padecía una discapacidad mental

El toro 'Ratón' es ya una leyenda disecada de los bous al carrer que puede admirarse en Sueca. Pero las actuaciones que jalonaron su vida y lo encumbraron como el morlaco más peligroso de la historia siguen coleando. Los padres de su última víctima, un joven de Algemesí que falleció en la Fira de Xàtiva de 2011, reclaman ahora más de 100.000 euros al ayuntamiento. Defienden que los organizadores no impidieron la participación de su hijo con discapacidad mental. Los hechos se remontan al sábado 13 de agosto de 2011. Ese día Vicent M., de 29 años y gran aficionado a los bous al carrer, acudió a la plaza de Xátiva atraído por la fama de 'Ratón'. El astado del ganadero Gregorio de Jesús ya era por aquel entonces el rey de los encierros, con una muerte en su historial y decenas de cogidas. Los servicios de seguridad del festejo ya habían apartado a Vicent tres veces del coso por su aparente estado de embriaguez. Pero regresó y ocurrió una desgracia que es ya carne de Youtube. 'Ratón' estaba parado en el medio de la plaza y el aficionado hizo palmas por detrás para llamar su atención. Cuando se giró el astado, el joven trató de burlarlo corriendo en círculo a su alrededor. Una vez más, el toro fue más rápido y le embistió con su célebre fiereza, volteándolo en el aire y rematándolo en la arena. Agustín Ferrer, el abogado de Alzira que ha logrado que el Supremo tumbe el indulto al conductor kamikaze, defiende a la familia de Vicent. Inicialmente, por la vía penal, acusaron al ayuntamiento de homicidio por omisión al entender que los encargados del festejo jamás debían haber permitido la entrada a un joven que padecía un trastorno psíquico del 65% por esquizofrenia paranoide e inteligencia límite. Apelaron a la norma autonómica de festejos taurinos que prohíbe la entrada a menores y personas discapacitadas y otorga a los voluntarios capacidad para impedirla con ayuda de la policía. Pero el juzgado que instruyó el caso lo archivó al no determinar quién fue el responsable. Leer noticia completa en lasprovincias.es