Sin respuesta. Con un silencio administrativo que equivale a un 'no'. Así se ha quedado la familia de José Alfredo Dolz después de presentar, hace un mes, un recurso ante el Ministerio de Justicia para que retirara el indulto concedido al conductor kamikaze que acabó con la vida del joven el 1 de diciembre de 2003 en Polinyà del Xúquer, cuando circulaba en dirección contraria por la AP-7.
Ayer, el mismo día en que se agotaba la vía ministerial de recurso contra la medida de gracia, el letrado de los Dolz, Agustín Ferrer, anunció nuevas acciones legales contra el causante del accidente tras descubrir que después del siniestro «fue multado por velocidad antes del juicio, cuando tenía el permiso de circulación retirado cautelarmente por orden del juzgado de Sueca que instruyó el siniestro».
Según Ferrer, la familia se topó recientemente con un documento público, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), en el que aparece que el procesado «fue multado en Benalmádena (Málaga) el 22 de febrero de 2010», pocos meses antes del juicio en la Audiencia de Valencia, celebrado a finales de noviembre de ese mismo año.
Esta página del BOCM, a la que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, ha desatado todavía más la indignación de la familia Dolz. En palabras del letrado, «si finalmente se demuestra que este hombre iba al volante supondría un quebrantamiento de orden judicial». Por este motivo, Ferrer anunció que pondrá los hechos en conocimiento del juzgado de Sueca que investigó en su día el accidente, «el órgano judicial que estimó conveniente retirarle por precaución el permiso de conducir».
Ayer, fue un nuevo día de rabia contenida e impotencia para la familia Dolz. Concluyó el plazo legal del que disponía el Ministerio de Justicia para pronunciarse tras el recurso contra el indulto presentado por la familia hace ahora un mes en Valencia. La petición ha ido acompañada de casi 50.000 firmas de ciudadanos que se oponen a que el hombre, condenado a 13 años de cárcel, quede en libertad tras haber cumplido unos pocos meses.
De nada ha servido el apoyo de la asociación STOP Accidentes, de los ayuntamientos valencianos, de los letrados de la Comunitat y de otros muchos estamentos judiciales. En este tiempo, lo único que ha logrado la familia de José Alfredo por parte del ministerio es una carta de recepción del recurso. Según Ferrer, ante este tipo de escrito «pueden optar por negarse con unos argumentos o bien por el silencio administrativo, que también equivale a un 'no'».  J.A. Marrahí.  Leer noticia completa en Las Provincias