La Ley de Acompañamiento califica al personal del Hospital de La Ribera como ‘personal a extinguir’

SanitatSolsUna ha alertado hoy sobre ‘el aumento de incertidumbre para los profesionales a medida que se acerca el plazo para la reversión del Hospital de La Ribera’

SanitatSolsUna, la asociación de profesionales y ciudadanos que defiende el modelo Alzira, ha alertado hoy sobre “el aumento de incertidumbre para los profesionales a medida que se acerca el plazo para la reversión del Hospital de La Ribera”.
El último “globo sonda” ha sido la referencia que se hace al proceso en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat para el año 2018. “Esta ley califica al personal del Hospital de La Ribera como ‘personal a extinguir’, aumenta así la incertidumbre de 2.000 trabajadores del departamento de salud y los condena a una precarización laboral”, han asegurado desde la asociación. “Parece que hasta el trámite obligatorio de publicación en el Diario Oficial, el Consell ha estado ocultando esta denominación y utilizando mediáticamente y en las Cortes la de indefinido no fijo, una figura que ya era de por sí inquietante, puesto que más del 90% de los trabajadores actualmente tienen la condición de indefinidos en la concesión”, han recordado.
Con esta nueva nomenclatura, añaden desde SanitatSolsUna, se evidencia el escenario de inestabilidad que vienen anunciando expertos laborales”, han asegurado desde la asociación, puesto que ahora una ley también reconoce que la convocatoria de una Oferta Pública de Empleo o, simplemente, la decisión de despidos más o menos generalizados, puede dar al traste con la estabilidad de la plantilla del departamento de salud. Quizás por eso, añaden, los sindicatos “han aplaudido con la boca pequeña la medida, apelando en el escrito del comité de empresa a ‘la debida prudencia y cautela, lo que delata que ellos tampoco se fían de Carmen Montón y la Generalitat”.
“Los trabajadores van a pasar de tener claras las condiciones de un empleo indefinido y un salario con incentivos a no saber a qué se exponen con una calificación de indefinido no fijo, de dudosa legalidad, y la consideración de personal a extinguir en la Ley de Acompañamiento”, han añadido. “Hay mucho ocultismo y falta de transparencia en el proceso cuando tan solo faltan seis meses para la reversión anunciada por la Conselleria”.
De “fijos a no fijos” y más costes con expropiación para la asociación, “lo que está claro es que los cerca de 2.000 profesionales de La Ribera salen perdiendo con este proceso ya que como dice el anteproyecto publicado ayer se pueden convocar oposiciones legalmente. Y es que, como afirman diversos expertos en derecho laboral, la figura, personal a extinguir, o como indefinido no fijo, no se puede mantener indefinidamente, y eso "obliga a la Administración a convocar oposiciones”.
De lo contrario, añaden, “cualquier aspirante a trabajar en La Ribera podría reclamar este derecho en cualquier momento", indican desde la asociaicón. Actualmente, el 92,81 % de los trabajadores laborales de la Ribera son fijos, mientras que en los demás centros sanitarios públicos de la Comunidad Valenciana tan solo un 62,5 % son fijos (personal estatutario). Si finalmente los empleados pasan a ser indefinidos no fijos, en caso de despido o de no superar las oposiciones, sólo tendrían derecho a 12 días de indemnización por año trabajado, frente a los 45 o 33 que tienen actualmente, según cada caso. En el caso de concurrir a las oposiciones, y dado que es obligatoria la aplicación de la normativa nacional, como ha reconocido la propia Consellera, no tendría ningún valor la antigüedad en el departamento, lo que sin duda generará una gran frustración entre los profesionales. Con respecto a la anunciada expropiación de los terrenos adyacentes para parking y accesos, la asociación ha alertado sobre “nuevos costes del proceso de reversión que hasta ahora se habían ocultado”.
Se empieza a vislumbrar que la reversión del Hospital de Alzira le va a costar mucho más dinero del previsto a los valencianos”. “Para expropiar esos terrenos, la Generalitat deberá indemnizar a propietarios con dinero de las arcas públicas en un proceso que puede ser largo y complejo”, aseguran desde la asociación.