El secretario general del PSPV, Ximo Puig, registró ayer una propuesta, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso, en la que insta al Gobierno a adoptar «con urgencia» las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento de agua para consumo de calidad a todos los habitantes de la comarca de la Ribera.
Asimismo, insta a realizar una evaluación de los riesgos para la salud pública que puede haber supuesto el consumo de agua hasta el momento de su prohibición, así como a cooperar con la administración autonómica para eliminar o disminuir los agentes contaminantes empleados en la agricultura de la comarca afectada, que terminan por incorporarse al agua de consumo.
Por último, insta a supervisar el cumplimiento del Real Decreto por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, así como el Reglamento que incorpora la Directiva relativa a la protección de las aguas al ordenamiento jurídico nacional, ante la contaminación producida por nitratos de origen agrícola.
El PSOE afirma que el abastecimiento de agua para consumo humano en la Ribera presenta problemas «crecientes de contaminación por nitratos y herbicidas en concentraciones que superan con creces las compatibles con la protección de la salud». Por ello, sostiene que la situación actual en la comarca es de «emergencia y grave riesgo para la salud», tanto que el propio Ayuntamiento de Alzira había prohibido desde hace dos meses el consumo de agua del grifo, prohibición que se levantó el lunes.
Asimismo, el grupo parlamentario afirma que la Generalitat está incurriendo en «un incumplimiento grave» del artículo 17 del Estatuto de autonomía de la Comunitat, que recoge el derecho de los valencianos a disponer del abastecimiento suficiente de agua de calidad.
En opinión de Puig, el Gobierno «tiene responsabilidad» en el «problema fundamental» que supone el suministro de agua potable en la comarca por lo que le ha reclamado que «se comprometa en la solución». Al respecto, señaló que el Ejecutivo tiene que «cumplir con su obligación» en la supervisión del cumplimiento del Real Decreto sobre criterios sanitarios de la calidad de agua de consumo humano.  Leer noticia completa en Las Provincias