LA UNIÓ de Llauradors denuncia que el acuerdo de la pasada Conferencia de Agricultura (compuesta por el Ministerio y los Consejeros del ramo), en el que se estableció un límite de 300 euros por debajo de los cuáles los agricultores no recibirán ayudas directas de la PAC, provocará que los citricultores valencianos con una superficie en su explotación por debajo de 0,83 hectáreas (10 hanegadas) queden fuera del sistema de ayudas directas de la PAC, siempre y cuando no perciban ayudas procedentes de otros sectores.
Esto va a suponer según LA UNIÓ que más del 30% de los agricultores valencianos quedarían fuera del cobro de ayudas directas y se dejarían de ingresar unos 10 millones de euros anuales.
LA UNIÓ señala que nuevamente se perjudica a agricultura valenciana porque  además los agricultores reciben de las ayudas de la PAC cantidades que son un 70% inferiores a la media estatal. Aparte de que los productores de hortalizas y muchos de frutales también siguen sin tener ayudas de la PAC al no incorporarlos tampoco en esta nueva reforma.
Por lo que respecta al cultivo de la viña los productores que únicamente venían recibiendo ayuda de este sector deberán tener una superficie superior a las 0,42 hectáreas para continuar percibiendo ayudas de la PAC, mientras que esta superficie baja a las 0,25 hectáreas en el caso de los agricultores que únicamente reciban ayudas procedentes del aceite de oliva.
En cualquier caso el régimen de pequeños agricultores que se va a establecer para aquellos que perciban hasta 1.250 euros va a excluir también a los agricultores que reciban ayudas por debajo de los 300 euros.
Desde LA UNIÓ se critica, en este sentido, que la Unión Europea daba opción al Gobierno de España a elegir un límite de percepción de ayudas para su supresión de 100 o 300 euros y, finalmente, con el beneplácito de las Comunidades Autónomas, se ha optado por la cifra que más perjudica a los agricultores valencianos.
A pesar que la Conselleria de Agricultura pretende establecer sistemas para agrupar a los agricultores que reciban menos de estos 300 euros con la finalidad de evitar que se pierdan estas cantidades, desde LA UNIÓ se duda de que puedan ser efectivas por las repercusiones fiscales, económicas y patrimoniales que las posibles alternativas puedan tener para estos perceptores.