El pleno del Ayuntamiento de Carlet aprobará mañana jueves la renuncia al cobro de la paga extraordinaria de Navidad por parte de los tres ediles liberados del Partido Popular, es decir, los que tienen una dedicación exclusiva al desempeño de sus funciones en el Consistorio.
Este acuerdo se aprobará a propuesta de una moción que ha impulsado el grupo popular en el Ayuntamiento de Carlet. Se trata de una decisión que tomó el equipo de gobierno local de forma pionera y que fue anunciada por la alcaldesa, Mª Ángeles Crespo, el pasado 18 de julio.
La renuncia a la paga extraordinaria de diciembre por parte de los ediles populares se propone como medida de solidaridad con los empleados municipales, y como una forma más de contribuir al sostenimiento de las arcas públicas. Con este mismo fin, la alcaldesa de Carlet renunció hace ya más de 9 meses a cobrar su sueldo pese a tener dedicación exclusiva en el Ayuntamiento. Tras finalizar su etapa en el Senado en noviembre de 2011, de donde había cobrado su salario durante los últimos cuatro años, y ante la elaboración del Presupuesto para 2012 decidió no asignarse sueldo para disminuir los gastos del Ayuntamiento. La alcaldesa de Carlet, Mª Ángeles Crespo, ha apuntado: “La situación económica que estamos atravesando exige del esfuerzo de todos, empezando por los políticos que debemos dar ejemplo de austeridad y prudencia económica, por lo que no podemos quedar impasibles ante el esfuerzo que van a realizar los funcionarios. En los tiempos que corren todos nos tenemos que apretar el cinturón. Por mi parte ayudaré a aliviar los gastos del Ayuntamiento en todo lo que pueda.”
Con la supresión de la paga extraordinaria de Navidad, los tres ediles de Carlet verán mermadas sus retribuciones en más de un 7 %, el equivalente a la reducción que supone la eliminación de la paga de diciembre tras la aplicación del Real Decreto Ley 20/2012 para todos los funcionarios. Esta reducción sumada a la merma del  5 % aprobada en 2010 y las consecutivas congelaciones de los salarios, ha supuesto una disminución del poder adquisitivo de los ediles de más del 20 %.