LA UNIÓ de Llauradors indica que los productores de hortalizas de la comarca de la Ribera hacen guardia permanente en sus campos en medio de una gran impotencia e indefensión para evitar el robo de sus cosechas ante la oleada de sustracciones que se viene produciendo.
El principal objeto de deseo de los autores de los robos son los melones y esta pasada semana le robaron casi 6.000 kilos de melones a un agricultor de Alzira, mientras que en otros casos han sorprendido a los ladrones en pleno hurto siendo incluso amenazados si se les dice alguna cosa. Los robos se producen fundamentalmente en las horas en que los agricultores suelen irse a comer o ya de madrugada, ante lo cual han decidido montar guardia permanente hasta que la cosecha salga a los mercados.
LA UNIÓ reclama mayor vigilancia policial en las zonas productoras y más presión e intimidación para evitar que se cometan los robos. En este sentido pide un aumento de las fuerzas de seguridad del Estado y de las policías locales, a la vez que recuerda que sigue pendiente la modificación del Código Penal para que se contemplen las casuísticas de los robos en las zonas rurales. Según LA UNIÓ el valor de lo robado en el campo valenciano pasó de los 20 millones de euros el pasado año y este año se detecta un aumento de los mismos respecto a las mismas fechas del anterior que podría cifrarse en un 25% más.
En la modificación del Código Penal se debería castigar el robo en sí, independientemente de su valor, aparte de considerar como importe de lo hurtado/robado no sólo el bien sustraído sino el valor del daño provocado para conseguir ese bien. En el caso de hurtos/robos cometidos por varias personas LA UNIÓ formula que el valor de lo hurtado/robado no se divida entre estas personas y que este valor sea el mismo para cada uno de los delincuentes. Y ante los casos de reincidencia de un delincuente, el valor de lo hurtado/robado debería ser acumulativo.
LA UNIÓ propone también la creación de un cuerpo de policía rural o una policía rural mancomunada para aquellas poblaciones más pequeñas. Así mismo insta a que se celebren reuniones periódicas de las Juntas de Seguridad Rural local, provincial y autonómica; y que los Ayuntamientos y/o Juzgados de Paz tengan la capacidad de registrar las denuncias para después, trasladarlas a la Comandancia de la Guardia Civil. Todas estas actuaciones facilitarían la incentivación de la cultura de la denuncia al disponer de una policía de mayor proximidad y tener datos más exhaustivos y fidedignos de la naturaleza de los robos en las zonas rurales. Se insta a los agricultores y ganaderos a interponer denuncias pero en muchos casos deben recorrer muchos kilómetros para presentarlas, con el considerable gasto y pérdida de tiempo que nadie les paga y, lo que es peor, sin garantías de una respuesta efectiva a la denuncia.
Otro aspecto a trabajar y mejorar en los robos de las zonas rurales para LA UNIÓ es la persecución e inspección de las empresas (almacenes, chatarrerías, etc.) que compran producciones agrarias o de otro tipo y no puedan demostrar su procedencia o enclaves potencialmente susceptibles de vender mercancía robada, tanto de producto agrícola como de material como cobre, herramientas, etc.