Malestar de muchas familias alzireñas por el actual procedimiento de acceso al sistema escolar público
“Queremos una escuela pública inclusiva que garantice la igualdad de nuestros hijos, y que no cree un enfrentamiento social totalmente innecesario”
Un grupo de padres queremos exponer a través de este diario lo siguiente:
Tras haber participado nuestros hijos en el proceso de escolarización para optar a una plaza en el primer nivel del 2º ciclo de Educación infantil (3 años)en los colegios públicos de Alzira queremos hacer público el siguiente manifiesto:
Consideramos que se han vulnerado los derechos de nuestros hijos, pues muchos son lo que se han quedado sin plaza escolar en primera instancia. Esta situación nos obliga a muchos de nosotros a acceder a colegios fuera de nuestro distrito escolar y/o nos obliga a aceptar colegios no elegidos en nuestras solicitudes, vulnerándose el derecho de la libertad de elección de centro que se establece en el DECRETO 40/2016, de 15 de abril, del Consell.
Esta situación está provocando malestar social, está provocando que muchas familias, tengan que estar dejando de lado sus obligaciones laborales, para estar día tras día buscando un colegio que se adapte a las necesidades reales de sus hijos. Esta situación de desamparo sobre nuestros hijos es intolerable y necesitamos una respuesta efectiva de la administración pública.
El procedimiento de acceso al sistema escolar público establecido en la anterior normativa, está discriminando a nuestros hijos. Cuando en la misma ley, se dicta específicamente que es obligación de la administración salvaguardar y garantizar el ejercicio real de la libertad de elección de centro. Evidentemente, este derecho está siendo totalmente vulnerado en prejuicio de los niños.
Además, la orden de Conselleria de disminuir el ratio de alumnos/ aula de 25 a 23 en determinados municipios de La Comunidad Valenciana no hace más que empeorar la situación. Muchos padres nos preguntamos, que estadísticas se han utilizado para llevar a cabo esta decisión. Y si han estudiado correctamente los parámetros de natalidad y las consecuencias de la aplicación de ambas leyes.
Todos los niños tienen derecho a un puesto escolar gratuito que les garantice, en condiciones de igualdad y calidad, la enseñanza básica y el segundo ciclo de Educación Infantil. Pues bien, estos principios de igualdad, están viéndose vulnerados desde el momento en que se barema la situación socioeconómica familiar. No entendemos las contradicciones en la ley, pues en la misma se dicta explícitamente que:
“En el proceso de admisión del alumnado, en ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”
¿Acaso debemos sentirnos culpables por tener un trabajo? ¿Es necesario penalizar al niño porque sus padres trabajan? Nuestros hijos no son nuestras nóminas, ni son meras puntuaciones, nuestro estado de bienestar social ha de tratar a nuestros hijos en igualdad de condiciones, más tratándose temas de educación pública. Jamás debe penalizarse la situación socioeconómica de una familia, es intolerable penalizar a unos niños para beneficiar a otros.
Todos los padres queremos una educación pública de calidad, que garantice una convivencia pacífica y la cohesión social. Queremos una escuela pública inclusiva que garantice la igualdad de nuestros hijos, independientemente de la procedencia geográfica, del nivel sociocultural o socioeconómico familiar. No queremos guetos, pero para conseguir tal fin principalmente se ha de mirar a los niños como lo que son, niños. Y ustedes están discriminando a unos niños a favor de otros, vulnerando los principios de igualdad y creando un enfrentamiento social totalmente innecesario.
Nota: el autor de este correo ha preferido ocultar públicamente su identidad. Como sí se ha identificado ante nuestra redacción y el texto guarda las formas y corrección requeridas, lo publicamos y respetamos su libertad de expresión.
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