ONGs ecologistas, entidades ciudadanas y sociales instan a la retirada del borrador del Pla del Xúquer
Jueves, 17 de octubre de 2013 | e6d.es
• Se obvian todas las medidas de control y reducción de demandas
Xúquer Viu, Federació d’Ecologistes en Acció del País Valencià, Acció Ecologista – Agró, ACEM – Ecologistas en Acción La Manchuela, AEMS – Ríos con Vida, WWF – València, Federación de Piragüismo de Castilla- La Mancha y Comissions Obreres del País Valencià denuncian que el borrador de Plan sometido es el resultado de negociaciones opacas entre los principales usuarios privativos (regantes e hidroeléctricas), gobiernos autonómicos de Castilla La Mancha y la Generalitat Valenciana y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de espaldas a la participación pública, en contra de lo exigido por la DMA. En más de 4 años (2009-2013) no se convocó a los órganos de participación de la Confederación Hidrográfica del Júcar ni se llevaron a cabo actividades de participación pública activa –mesa de participación, comisiones territoriales por cuencas, foro de participación- en relación con la elaboración del Plan, hurtando a las entidades representantes de intereses comunes y sociales (interés ambiental, usos comunes y sociales de los espacios de agua, etc.) la posibilidad de intervenir en dicho proceso. La fase final de cierre negociado entre los grandes usuarios y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del borrador ahora en consulta no hace más que abundar en la falta de interés mostrado por la administración hacia la participación y los intereses de la sociedad civil. Además, las reuniones de participación pública en forma de “mesa territorial” como la de hoy no respeta el principio de gestión de unidad de cuenca hidrográfica que está en la base del modelo de gestión del agua de la DMA y de la Ley de Aguas, e incluso contradice lo que establece el propio Proyecto de Participación Pública aprobado por la CHJ en 2008 en cuanto a la participación pública territorial que se debería organizar por cuencas hidrográficas. Esta mesa territorial, al igual que la prevista para el 21 de octubre en Albacete, se organiza por provincias o autonomías, como si los ríos y los acuíferos tuvieran fronteras administrativas en su funcionamiento. En definitiva, el borrador de Plan del Júcar sometido a consulta viene a bendecir el statu quo logrado en 1997 por los principales usuarios privativos de la Demarcación para el reparto del Júcar con el beneplácito de los respectivos gobiernos autonómicos, a costa del mal estado de los ríos, acuíferos y zonas húmedas de la cuenca, en general, y de los usuarios domésticos, en particular, que subvencionan al resto de usuarios privativos. Después de 16 años se vuelve a incurrir en el mismo error de reconocer derechos de uso y repartir más agua de la existente, tirando balones fuera, invocando el mantra de los trasvases del Plan Hidrológico Nacional mientras se obvian todas las medidas de control y reducción de demandas, repercusión de costes asociada al deterioro generado, o sustitución de recursos sobreexplotados por los recursos generados en desalación o reutilización. Por estas razones rechazamos el presente borrador de Plan y exigimos al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la retirada de dicho borrador y la apertura de un proceso transparente y participado de elaboración de un plan que contemple un programa de medidas que aplique la Directiva Marco del Agua y cumpla con la demás normativa europea en materia de protección ambiental. Así mismo, como medida de transparencia, exigimos a la administración que la documentación oficial incluya la identificación de los responsables técnicos de la elaboración de la documentación técnica del plan. Las organizaciones firmantes mantenemos una actitud vigilante y, desde una postura de responsabilidad ciudadana y social, denunciamos aquí, como denunciaremos en todas las instancias públicas, administrativas y jurisdiccionales a nuestro alcance -nacionales y europeas-, los incumplimientos de las administraciones competentes de la legislación por cuyo cumplimiento han de velar.