Es inamisible que una obra del Plan Camps esté parada más de dos años y la alcaldesa de Alzira no mueva ni un solo dedo para que estas obras se terminen.
El antiguo lavadero municipal se encuentra en estado de abandono y es lamentable que se hayan paralizado las obras y la Sra. alcaldesa no dé ninguna razón ni explique qué gestiones ha realizado ante el gobierno valenciano del Partido Popular para que le paguen a la empresa constructora y pueda seguir con la rehabilitación de este edificio.
El Ayuntamiento suscribió un acuerdo de delegación de competencias con la Generalitat dentro del Plan Confianza en el que se obligaba a contratar y adjudicar las obras y la Generalitat se comprometía al abono de las obras según las certificaciones que el Ayuntamiento aprobara.
Desde el 11 de octubre del 2011, que el constructor le comunicó al Ayuntamiento la suspensión de las obras por el impago de la Conselleria de Cultura y Deporte, ya han pasado demasiados días sin que se tenga ninguna solución sobre esta suspensión.
El abandono de las obras está produciendo desperfectos y unos prejuicios considerables y el Ayuntamiento debe adoptar las medidas oportunas para defender su patrimonio estableciendo medidas de seguridad y de conservación del edificio.
La alcaldesa de Alzira actúa de forma poco diligente por dejar que un edificio se encuentre en estado de abandono y no sea capaz de cumplir con su obligación y reclamar tanto a la empresa adjudicataria de la obra como a la conselleria de Cultura y Deportes la inmediata ejecución de las obras.
La Sra. Bastidas debe exigir al gobierno de la Generalitat Valenciana y al Sr. Fabra que, en primer lugar, abone las certificaciones de obra al contratista y, en segundo lugar, requerirle de forma urgente la adopción de medidas para evitar el deterioro de este edificio tan emblemático.
El PSOE ha presentado una propuesta para que la alcaldesa de Alzira haga las gestiones necesarias para que esta obra concluya en el menor plazo de tiempo posible y en caso de no terminarla que exija al Consell responsabilidades penales según lo estipula el Código Civil; por causar daño en una propiedad municipal, por la negligencia y culpa del presidente Fabra.