Según el PP de Algemesí, "el asesor de Bresó ha incumplido siete meses la Ley de Incompatibilidades"

Un informe del secretario concluye que la solicitud de la compatibilidad debería haberse efectuado antes de dedicarse a dicha actividad privada

El pasado mes de junio, el equipo de gobierno pretendía dictaminar la solicitud de compatibilidad de uno de los asesores al servicio del concejal no adscrito, Edgar Bresó —el edil que fue expulsado de Ciudadanos, según publicó el propio partido—. Lo que se nos vendió por parte del concejal como un gesto de transparencia innecesario y que poco más debíamos agradecerle, tras consulta por parte del Grupo Popular a los técnicos que nos asistían, resultó ser que era obligatorio por Ley y además se hizo tarde y mal.
Ante tal tomadura de pelo, que el concejal pretendía pasar sin pena ni gloria, los grupos de la oposición solicitamos dejar el asunto encima de la mesa y pedir un informe a la Secretaría General del Ayuntamiento que aclarase cuándo debía haberse formulado dicha solicitud de compatibilidad.
El informe del secretario del Ayuntamiento es contundente: “la solicitud de actividades en el sector privado, a la vista de la expresión ‘previo reconocimiento’ establecida en el artículo 14 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, debe efectuarse antes del momento en el que vaya a dedicarse efectivamente a las actividades privadas respecto a las que se solicita compatibilidad”.
El asesor es administrador único de una mercantil desde el día 19 de octubre de 2020, pero no solicitó la compatibilidad con su cargo de asesor hasta el 12 de mayo de 2021, siete meses después. Aunque dicho cargo resulta ser compatible con el puesto de asesor, en ningún documento se aclaran horarios que permitan garantizar la transparencia de dicha compatibilidad.
Dicha forma de proceder dice mucho de la necesidad de los asesores al servicio del concejal Bresó. Recordemos que dispone de dos personas a su servicio con un coste anual de 30.000€, 120.000 durante toda la legislatura.  Resulta bochornoso que alguien que incumple la normativa —seguramente por desconocimiento— para ostentar un cargo, esté capacitado para asesorar al Ayuntamiento en cualquier otro asunto administrativo. Este hecho revela, una vez más, que dichos cargos únicamente fueron creados por interés político y no buscando el interés de la ciudadanía, ha lamentado el portavoz popular, José Javier Sanchis.