Un empresario se ha querellado contra el actual diputado en las Cortes Rafael Blasco en relación con la concesión de una licencia a otro empresario y ex concejal de Masalavés (PP) para que abriera un salón de banquetes. En esa fecha, el año 2006, Blasco ocupaba el cargo de conseller de Territorio y Vivienda.
En concreto, Rafael Blasco -imputado en el conocido como 'caso Cooperación'- fue el que, según consta en la querella, firmó una de las licencias necesarias para la apertura de este banquete -ubicado en la Carretera Cádiz-Barcelona, de Masalavés-. Se trataba de la Declaración de Interés Comunitario, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la causa.
Asimismo, la querella se extiende a parte del anterior equipo del gobierno de Masalavés (PP) por supuestamente conceder otras licencias de actividad para la apertura de este establecimiento. En concreto, el escrito judicial se dirige contra el anterior alcalde de la localidad, Vicente Villalba; los técnicos municipales Emilio Hernández, María José García y Emilio Ordeig Fos. Y el propio ex concejal y legal representante de una empresa, José Francisco Hernández Mateu.
El empresario acusa a estas seis personas de un posible delito sobre la ordenación del territorio, de prevaricación de funcionarios públicos, de tráfico de influencias y de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos.
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha registrado esta querella y, ante la condición de aforado de Rafael Blasco, diputado no adscrito -anteriormente 'popular'-, la remite a la Fiscalía para que se pronuncie, en el plazo de cinco días, sobre la competencia para estudiarla, según consta en la providencia facilitada por el tribunal valenciano.

Una querella anterior
Este mismo denunciante, vecino de L'Alcúdia, ya presentó una querella en el año 2006 también contra el entonces alcalde, Villalba, y el técnico municipal, Emilio Hernández, por presunta prevaricación, contra la ordenación del territorio y por conceder licencias manifiestamente ilegales.
En concreto, denunció que una empresa de la parcela vecina realizaba supuestos vertidos ilegales de escayola que perjudicaban a los terrenos colindantes, entre los que se encontraba su mercantil. También acusó al consistorio de otorgarle a la primera entidad una ampliación de licencia de actividad supuestamente ilegal.  Leer noticia completa en elmundo.es