Hugo Rodríguez carga sin prisas sus garrafas. Se lleva 200 litros. El inmigrante boliviano, parado y con un bebé, acude cada cinco días ‘al contenedor’, que es como llama a una de las seis fuentes de ósmosis inversa instaladas en la localidad valenciana de Alzira. Una solución ‘provisional’ del Ayuntamiento del PP tras prohibir hace dos meses y medio el consumo de agua del grifo por la aparición de terbumetona - desetil, una degradación de un herbicida vetado por la UE en 2002.
Al contrario que Rodríguez, la mayoría de los 45.000 habitantes de Alzira bebe desde hace años agua embotellada. Los pozos de la zona contienen nitratos. La terbumetona es el último episodio. Quizá por eso, ninguno de los consultados recuerde con exactitud el nombre del herbicida de la discordia, una sustancia de la que algunos agricultores admiten bajo anonimato que se continuó usando ‘unos meses’ tras su prohibición.
Se sabe que el producto tarda ‘menos de un año’ en degradarse del agua, según la presidenta de la Asociación Española de Toxicología, Guillermina Font. Pero también que su derivado puede permanecer retenido en el suelo durante décadas y alcanzar a los acuíferos, según el Ayuntamiento. Así se explica que la concentración de la sustancia llegue a alcanzar los 0’21 microgramos por litro, el doble de lo permitido.
El Consistorio insiste en que de los grifos de Alzira saldrá agua sin herbicida a mediados del próximo mes. Que la concesionaria, Aguas de Valencia, pagará los 680.000 euros que cuesta instalar el sistema de filtrado con carbono activo. Y que este desembolso no se notará en las facturas. La población continúa pagando el agua como cuando se podía beber. “El consumo ha aumentado y se debe pagar”, apunta sin dar cifras Lola Ortega, concejala de Servicios Públicos. El contrato con Aguas de Valencia carece de una cláusula que libere a los vecinos de las facturas cuando surgen sorpresas como la terbumetona. “Son muchos años de mentiras”, critica la portavoz socialista, Isabel Aguilar.
El herbicida es el último capítulo de una letanía con idéntico trasfondo, la contaminación de las aguas subterráneas en la comarca. Más de 150.000 vecinos de 13 poblaciones de la Ribera consumen nitratos desde hace más de una década. La culpa es de la agricultura intensiva de regadío. O, lo que es lo mismo, del uso indiscriminado de pesticidas y herbicidas para abonar las tierras. Su efecto provoca niveles de nitratos superiores a los 50 miligramos por litro fijados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que desaconseja su consumo a lactantes y embarazadas. “Esto es así de siempre”, zanja Mercedes Banyeres, concejal de Sanidad de Alzira, donde los nitratos suman 52 miligramos por litro.
El problema asoma desde hace dos décadas en Carcaixent (21.000 habitantes). Casi el mismo tiempo que la mayoría de los vecinos de Alzira cargan las garrafas en sus carros. El supermercado Más y Más de esta localidad, en la plaza del Reino, despacha a diario 1.400 litros. Todos sus clientes recogen botellas. El líquido es el reclamo. María Ángeles Marín se gasta un promedio de 40 euros mensuales. Utiliza el agua mineral hasta para enjuagarse la boca. No se fía del aparato doméstico que le instaló un fontanero debajo del fregadero por 300 euros para reducir los nitratos. Desconfía, como todos los consultados, de las promesas del Ayuntamiento, que asegura que a finales de año funcionará una potabilizadora que abastecerá a la zona de agua sin nitratos. La obra encadena retrasos desde 2010 y ya ha costado 20 millones. Todavía no se han realizado las conexiones con los pozos. El PSPV sospecha que los trabajos se demorarán un año.
La potabilizadora es la última idea de una cadena de soluciones que se remontan a 1997. La Generalitat del PP proyectó entonces una infraestructura para captar diez hectómetros cúbicos al año del acuífero del Caroig, en la partida de La Garrofera (Alzira). Se pretendía mezclar esta agua con la de una decena de pozos con nitratos. La combinación sería “apta” para el consumo. El proyecto desató pronto las críticas.
El entonces presidente de la Mancomunidad de la Ribera Alta, el socialista Francesc Signes, advirtió a la Generalitat de que el acuífero del Caroig carecía de caudal suficiente. Y un informe avisó en 1998 del impacto ambiental. Las extracciones corrían el riesgo de secar Els Ullals del río Verd (Benimodo), un espacio catalogado con la máxima protección. La Consejería de Obras Públicas, que había desoído las indicaciones, invirtió en el proyecto más de 50 millones de euros, en su mayoría de fondos de la Unión Europea. El dinero comunitario aterrizaba con puntualidad. La Comunidad Valenciana era Objetivo 1.
Diez años después, con las obras terminadas, los promotores del proyecto enmudecieron. ¿Por qué el Consell no publicitaba la infraestructura?, ¿por qué el agua del grifo salía con nitratos?, ¿por qué las garrafas seguían esfumándose en los supermercados? El Gobierno valenciano reconoció el error en 2009. El acuífero del Caroig no podía abastecer la demanda, como apuntó la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).  Joaquín Gil.  Leer noticia completa en elpais.com