Una de las consecuencias más graves e inhumanas de la crisis es el elevado número de desahucios que se están produciendo. En la Ribera ya son más de 300 viviendas las que han sido embargadas por los bancos por impagos de sus propietarios y la cifra sigue creciendo debido a la falta de perspectivas de futuro de muchos ciudadanos.
Unas 300 familias que han tenido que abandonar su casa y buscar la ayuda de familiares y amigos. «La cuestión es que la mayoría de desahucios pertenecen a cajas intervenidas por el Estado, que ahora son del Gobierno. Por culpa de la crisis encima se quedan en la calla», denuncia el secretario general de Ugt comarcal, Paco Santisteban.
Un drama social que se pretende minimizar con una ley que regule la dación en pago y que posibilite la paralización de los desahucios en estos momentos tan duros para la economía.
Para conseguir que el Congreso abra este debate se está realizando una campaña de recogida de firmas para conseguir una indicativa legislativa popular. El sindicato Ugt en la Ribera ha conseguido reunir 2.100 firmas que se sumarán a las recogidas por cientos de colectivos en toda España y que se presentarán en la cámara baja para que el Gobierno planteé la cuestión de la dación en pago.
«Nos pidieron unas 800 firmas pero hay mucha gente que está a favor de esta iniciativa y que cree que es justo un cambio en la ley», señala el secretario comarcal de Ugt.
La dación en pago, que significa que con el embargo de la vivienda se acabe con la deuda contraída con el banco, es lo que intenta conseguir una familia de l'Alcúdia.
Bentayeb, Badia y sus cuatro hijos son un ejemplo de la difícil situación que viven muchas familias en la comarca. El cabeza de familia lleva varios meses sin trabajar y debido a las escasas oportunidades de empleo desde hace más de un año no han podido hacer frente a la hipoteca.  A. Talavera.  Leer noticia completa en Las Provincias