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 08/10/2015

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3.000 millones de euros de gasto local en servicios sociales amenazados a partir del año que viene

Los Servicios sociales suponen el 9% del gasto de las Entidades Locales


La práctica totalidad de las Comunidades Autónomas solicitaron ayer al Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que modifique la Disposición Transitoria Segunda de Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que establece que las Comunidades Autónomas suman la titularidad de las competencias que vienen ejerciendo las Entidades Locales en servicios sociales, promoción e inserción social, y que dicha Ley consideradas impropias.
Compartiendo la preocupación de las Comunidades y de numerosas Entidades Locales, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha remitido en el día de hoy una carta al Ministro donde se solicita que, teniendo en cuenta la premura de acordar esa modificación, se aplique la misma vía que se ha utilizado ya en dos ocasiones para modificar el calendario de aplicación de una Ley, en este caso la Ley 39/2006 de Atención a la Dependencia. Así, el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, modificó el calendario de aplicación de esta Ley, prorrogando previsto en su disposición final 1.1. De la misma manera el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad modificó los apartados 1 y 3 de la disposición final primera, retrasando el calendario para atender a personas con Grado I hasta el 1 de julio de 2015.
En la carta al Ministro la Asociación menciona la anomalía jurídica que va a suponer el conflicto entre una norma estatal y las normas aprobadas en diversas Comunidades Autónomas, algunas incluso del propio Partido del Gobierno (C. de Madrid, Castilla y León, Galicia...) y con rango de Ley autonómica o Decreto, en las que considerando imposible asumir la gestión de los servicios sociales locales en la fecha prevista, establecen condiciones para que continúen prestándose en el ámbito local.
Pero lo más preocupante es que de aplicarse el calendario previsto, la prohibición de que las Entidades Locales sigan prestando numerosos servicios sociales y la imposibilidad de las Comunidades Autónomas de asumirlos, aboca a unos recortes que pueden superar los 3.000 millones de euros en estas políticas sociales tan necesarias actualmente, y que se sumarían a los más de 5.000 millones que ya han recortado las Administraciones Públicas en esta materia en los últimos tres años.
Los servicios sociales más amenazados por la Reforma son los de atención a la dependencia y los de promoción social (que dejan de considerarse competencias propias de los municipios), y que suponen 2.348,5 millones de euros anuales, y el gasto que realizan los municipios con menos de 20.000 habitantes (993,4 millones de euros). En total 3.342 millones de euros anuales.
Otros datos que nuestra Asociación ha aportado anteriormente, para poner de manifiesto el alcance que la reforma de la Administración Local puede tener en los servicios sociales son los siguientes: Entre ellos pueden estar afectados los siguientes servicios:
* 562 residencias de personas mayores de titularidad local, con 30.000 plazas
* El servicio de Ayuda a Domicilio de los Ayuntamientos atienden a 650.000 beneficiarios.
* Hay 60.000 empleos en servicios que la reforma considera “impropios” de los municipios y que éstos deberían dejar de prestar
José Manuel Ramírez Navarro
Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales



 
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