La Audiencia de Valencia acoge desde el lunes, 14 de julio, el juicio de la llamada Operación Panzer, con la que en septiembre de 2005 se desarticuló la organización neonazi Frente Antisistema (FAS), con sede en la capital valenciana, y se detuvo a 22 personas. De ellas, 18 son los acusados que a partir de la próxima semana se sentarán en el banquillo para ser procesados por asociación ilícita, tenencia ilícita de armas prohibidas y tenencia de armas de fuego reglamentadas.
El fiscal pide un total de 42 años de cárcel para los acusados, entre los que se encuentran dos militares, un concejal de Silla (Valencia) por España 2000 y el asesino confeso del joven de Burjassot (Valencia) Guillem Agulló en abril de 1993. La Acció Popular contra la Impunitat, personada en esta causa como acusación popular y formada por distintas asociaciones, entidades y partidos políticos de izquierda de la Comunitat Valenciana, ha destacado este viernes, en rueda de prensa, la "extraordinaria importancia" de este juicio y la "gravedad del caso" que se juzga por "el importante arsenal de armas" que se intervino, por la "peligrosa ideología" el grupo desarticulado, así como la "alarma social creciente" que genera este asunto.
En este sentido, la acusación popular ha alertado del aumento de delitos de odio en la Comunitat Valenciana y ha censurado la "pasividad" y el "clima de impunidad" durante "30 ó 40 años" que ha existido al respecto, además de instar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los responsables políticas a asumir su "responsabilidad" y actuar para "evitar delitos violentos por cuestiones de odio" y contra el sistema democrático. Leer noticia completa en europapress.es