Blesa es el primer banquero en la cárcel por los abusos que causaron la crisis
Viernes, 17 de mayo de 2013 | e6d.es
• España acumula un récord de 90 directivos procesados y nueve juicios abiertos
El que fuera expresidente de Caja Madrid entre 1997 y 2010, Miguel Blesa, se ha convertido en el segundo banquero que da con sus huesos en la cárcel en la historia reciente de España. No obstante, es el primero que entra en prisión por los abusos cometidos en el sector financiero en los años de boom y que explican el origen e intensidad de la crisis. Además, podría no ser el último. Heredados de aquellos años de empacho de ladrillo, beneficio rápido y escaso control de los riesgos, hay nueve juicios abiertos contra otras tantas entidades financieras: Bankia, Caja Madrid, Banca Cívica, CAM, Banco de Valencia, Caixa Penedés, Caja Castilla La Mancha y Eurobank, cuya quiebra se produjo en 2004. En total, se estima que pueden estar imputados unos 90 ejecutivos (74 ahora juzgados en la Audiencia Nacional y otros 16 de Banca Cívica que están pendientes del traslado de la causa desde el juzgado de Pamplona). Y si prospera una denuncia presentada por Adicae contra Catalunya Banc, está entidad y sus directivos entrarían en la lista. Todo un récord.
Esta judicialización de buena parte de la actividad financiera no es una casualidad. Las entidades investigadas han recibido 37.700 millones de dinero público (en su mayoría), así como de aportaciones del propio sector financiero a través del Fondo de Garantía de Depósitos. Esta inmensa fortuna supera todos los recortes que ha hecho el Estado en educación y sanidad. Hasta el momento, los contribuyentes han perdido para siempre unos 6.000 millones utilizados para reflotar el Banco de Valencia (vendido por un euro a La Caixa) y 400 millones destinados a tapar la morosidad de la cordobesa Cajasur.
La situación ha provocado una indignación social sin precedentes contra el sector financiero. Ahora está pendiente una depuración de responsabilidades de los directivos de los grupos caídos para aclarar cómo ha sido posible una ruina de tal magnitud. La sociedad, y parte de los partidos, sobre todo IU y UPyD, exigen que se investigue a fondo la quiebra de algunas de estas entidades, una sensibilidad a la que no parece ajeno el Poder Judicial.
Sin embargo, existen diferencias muy importantes. Se puede decir que los supuestos delitos investigados se dividen en tres categorías. Por un lado están las supuestas operaciones fraudulentas con perjuicio para la entidad o beneficio para unos pocos. Este sería el caso de la CAM, Banco de Valencia y CCM. En otro grupo se analizan indemnizaciones y prejubilaciones vergonzosas de ejecutivos que se fueron, dejando la entidad en insolvencia. Este es el caso de Novagalicia, Caixa Penedés, Banco de Valencia y CAM. Por último, están las fallidas salidas a Bolsa, como Bankia y Banca Cívica. Muchas de estas entidades emitieron participaciones preferentes, lo que complica los casos.
Tras las graves acusaciones (sin pruebas) de los inspectores del Banco de España sobre que la cúpula de la entidad “miraba para otro lado ante los indicios de delito”, el actual supervisor y el Gobierno no quieren que nadie diga que no se investiga a fondo. Por eso, han contratado especialistas en detectar fraudes e irregularidad, que forman grupos de forensic que trabajan para el FROB, el Banco de España y Bankia. KPMG tiene el equipo más importante, con casi 100 personas entre Madrid y Barcelona. Desde PwC también se investigan algunos de los casos citados. Muchos banqueros han pasado en poco tiempo de los lujosos despachos a la dureza de banquillo.
Leer noticia completa y ver hilo de debate en su fuente original: elpais.com.
Esta judicialización de buena parte de la actividad financiera no es una casualidad. Las entidades investigadas han recibido 37.700 millones de dinero público (en su mayoría), así como de aportaciones del propio sector financiero a través del Fondo de Garantía de Depósitos. Esta inmensa fortuna supera todos los recortes que ha hecho el Estado en educación y sanidad. Hasta el momento, los contribuyentes han perdido para siempre unos 6.000 millones utilizados para reflotar el Banco de Valencia (vendido por un euro a La Caixa) y 400 millones destinados a tapar la morosidad de la cordobesa Cajasur.
La situación ha provocado una indignación social sin precedentes contra el sector financiero. Ahora está pendiente una depuración de responsabilidades de los directivos de los grupos caídos para aclarar cómo ha sido posible una ruina de tal magnitud. La sociedad, y parte de los partidos, sobre todo IU y UPyD, exigen que se investigue a fondo la quiebra de algunas de estas entidades, una sensibilidad a la que no parece ajeno el Poder Judicial.
Sin embargo, existen diferencias muy importantes. Se puede decir que los supuestos delitos investigados se dividen en tres categorías. Por un lado están las supuestas operaciones fraudulentas con perjuicio para la entidad o beneficio para unos pocos. Este sería el caso de la CAM, Banco de Valencia y CCM. En otro grupo se analizan indemnizaciones y prejubilaciones vergonzosas de ejecutivos que se fueron, dejando la entidad en insolvencia. Este es el caso de Novagalicia, Caixa Penedés, Banco de Valencia y CAM. Por último, están las fallidas salidas a Bolsa, como Bankia y Banca Cívica. Muchas de estas entidades emitieron participaciones preferentes, lo que complica los casos.
Tras las graves acusaciones (sin pruebas) de los inspectores del Banco de España sobre que la cúpula de la entidad “miraba para otro lado ante los indicios de delito”, el actual supervisor y el Gobierno no quieren que nadie diga que no se investiga a fondo. Por eso, han contratado especialistas en detectar fraudes e irregularidad, que forman grupos de forensic que trabajan para el FROB, el Banco de España y Bankia. KPMG tiene el equipo más importante, con casi 100 personas entre Madrid y Barcelona. Desde PwC también se investigan algunos de los casos citados. Muchos banqueros han pasado en poco tiempo de los lujosos despachos a la dureza de banquillo.
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