El Congreso de los Diputados de España ha aprobado el proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) con 172 votos a favor, 144 en contra y 3 abstenciones. Y como suele ser habitual, sin el apoyo de la oposición ni del sector cultural ni social. Los peores presagios, que darán como resultado una red menos libre y más controlada se han cumplido, y con ellos, se espera la salida de muchas de las empresas de internet que operan en España a destinos más propicios para su actividad. Google News ya anunció sus intenciones de marcharse, y no me extrañaría nada que los agregadores más populares también hagan las maletas.
Ahora, con el artículo 32.2 dentro de la que, a partir del uno de enero -su entrada en vigor-, va a ser la nueva Ley de Propiedad Intelectual y con las enmiendas del Senado incorporadas al nuevo texto, la vergüenza de ser el primer país en el que se ponderan los intereses privados de los medios tradicionales por encima de los colectivos y de la libertad de la red, volvemos a ser el hazmereír del mundo occidental. Con todo lo que nos fijamos en Alemania -sobre todo para lo que les interesa- es lamentable que nuestros políticos no se hayan dado cuenta todavía de que legislar a golpe de restricción de la red no funciona, y sino que les pregunten a los editores alemanes quién ha ganado la guerra del canon en el país de Merkel.
Y es que con todo el buen hacer de nuestro legislativo, impulsado por los intereses y presiones al ejecutivo, se ha vuelto a aprobar una ley sin tener en cuenta -por mucho que a nuestros políticos se les llene la boca con ello- la normativa y la jurisprudencia comunitaria: el canon AEDE vía reforma de la LPI nace muerto. No son pocas las voces que han dado la voz de alarma sobre este tema. De hecho, nosotros ya advertimos que legislar vía derecho interno materias de propiedad intelectual, cuando también están en debate dentro del Marco Digital Europeo -vinculante para todos los estados miembros-, es más que estúpido e imprudente.
Ha tenido que llegar el TJUE para cargarse uno de los principios del Canon AEDE diciendo que insertar un vídeo en una web es legal al no ser comunicación pública, es decir, que no es aplicable el pago por cita. Hoy día 30 de octubre del 2014 el Congreso de los Diputados ha aprobado una Ley de Propiedad Intelectual en que la mayoría de sus preceptos más fuertes no podrán aplicarse por ser contrarios a la jurisprudencia comunitaria. En pleno 2014, nuestro legislativo tiene la poca vergüenza de aprobar un articulado gravando a golpe de canon algo que va en contra de las decisiones judiciales europeas con la ya más que famosa puesta a disposición del público de fragmentos no significativos de contenidos, dos días después de que la sentencia del TJUE fuese bastante clara.
Un canon que nace muerto antes de su reciente entrada en vigor y que a la vez supone un freno a la inversión y al desarrollo de empresas en la red. Y es que el Canon AEDE no solo supone un impacto en términos de libertad de la red, sino que además son varias voces las que se han postulado contra la implantación del canon por el impacto económico negativo que supone. Si lo pesamos bien, y dejamos de lado su análisis jurídico -que ya de por sí es contrario a la jurisprudencia comunitaria-, estamos ante el mayor atropello al libre mercado y a la economía de la red de todas las leyes restrictivas de la democracia sobre este asunto, más incluso que la Ley Sinde-Wert con la que comparte raíz. Leer noticia completa y ver hilo de debate en alt1040.com. Fuente de la fotografía: nuvol.com.