“He venido a pedir su ayuda”, dijo Claudia Medina cuando me reuní con ella en México este año. “ Voy a denunciar un delito de tortura.”
Sus palabras me conmovieron, porque sabía por lo que Claudia había pasado. El 7 de agosto de 2012, a las tres de la madrugada, unos soldados de la infantería de Marina irrumpieron en la casa donde vivía con su esposo y tres hijos. Tras atarle las manos y vendarle los ojos, se la llevaron en una camioneta a una base naval de la ciudad de Veracruz. Fue acusada de pertenecer a una poderosa y violenta banda criminal, aunque ella lo negó totalmente.
Claudia nos contó posteriormente que los torturadores le habían aplicado descargas eléctricas y envuelto en plástico para que no le aparecieran contusiones al propinarle golpes y patadas. La agredieron sexualmente. Después la ataron a una silla y la dejaron a la intemperie, bajo el abrasador sol de primeras horas de la tarde.
Al día siguiente, la presionaron para que firmara una declaración que ni siquiera había leído. La presentaron ante los medios de comunicación como una delincuente peligrosa. Sin embargo, ese mismo mes retiraron todos los cargos contra ella, excepto uno, y la dejaron en libertad bajo fianza.
Para algunos policías y militares mexicanos, la tortura es el método preferido para investigar un delito. Torturan a la gente para hacerla firmar declaraciones falsas que utilizan después como prueba para iniciar procesamientos. Estas declaraciones pueden luego utilizarse también para indicar que México está combatiendo con éxito la delincuencia.
Claudia pudo denunciar ante un juez que la habían torturado y conseguir que ordenara abrir una investigación. Sin embargo, los responsables de ello –la Procuraduría General de la República– aún no lo han hecho. Un aspecto decisivo es que están impidiendo también a Claudia someterse a un examen médico auspiciado por la ONU. Si se le hubiera realizado tal examen inmediatamente después de formular su denuncia de tortura, habría tenido pruebas más sólidas del trato sufrido.
Al cabo de casi dos años, está cansada de esperar. “Tenía miedo y no pensaba denunciarlo”, me dijo. “Pero no estoy dispuesta a aceptarlo.” Sabe que hay miles de personas que han sufrido el mismo trato. Y quiere impedir que les ocurra a otras.
Ese es el motivo de que Claudia haya decidido contar públicamente su caso en el marco de la nueva campaña global de Amnistía Internacional “ Stop Tortura”. Leer noticia completa en eldiario.es.