Las serias dificultades por las que pasan más de 14 millones de personas empobrecidas en España; el grave riesgo de caída en la exclusión; la precariedad; las desigualdades extremas y la falta de movilidad social, ya no son sólo una consecuencia coyuntural de la crisis, ni tienen su solución en el anunciado crecimiento y la esperada recuperación, sino que constituyen una mutación en el ADN de la sociedad española: un nuevo modelo de sociedad que ya está aquí:
El ascensor social se ha gripado en el sótano…, dejando allí atrapadas a millones de familias. Esta es una de las principales conclusiones que se recogen en el Informe sobre el Estado Social de la Nación que se ha presentado hoy, 16 de abril, en el Ateneo de Madrid, como referencia para el Debate en el que participan representantes de partidos políticos (PSOE, IU, UPyD, CiU, Ciudadanos y Podemos), organizaciones sindicales (CCOO y UGT) y entidades sociales y profesionales (EAPN, Defensa de la Sanidad Pública, Defensa de la Infancia, Colegio de Trabajadores Sociales…)
 Es el tercer año en el que se celebra este Debate que da la réplica al institucional, recientemente celebrado en el Congreso de los Diputados. Frente al Informe que presentó el Presidente del Gobierno, en nuestro Informe sobre el Estado Social de la Nación, los protagonistas son las personas y las dinámicas sociales. No son meros actores secundarios de un discurso en el que la economía fue el elemento central y en el que las situaciones y problemas que les afectan a las personas se presentaron como  daños colaterales de los desajustes económicos o de las necesidades de recuperación y de crecimiento del PIB a golpe de cruel austeridad.
El Informe sobre el Estado Social de la Nación 2015 no se limita a describir las situaciones que impactan sobre las personas y las familias como consecuencia de la crisis, sino que intenta esbozar los rasgos principales de un nuevo modelo de sociedad presente, analizando las políticas que más han coadyuvado a esta situación, entre las que destacamos:
La desregulación laboral, que favorece el mantenimiento de elevadas tasas de desempleo, baja protección al desempleo, temporalidad y bajos salarios
Una fiscalidad débil y regresiva, que hace recaer la carga fiscal en las clases medias y bajas y que permite a las grandes fortunas y a las grandes empresas pagar porcentajes mucho menores de sus ingresos y beneficios que los que tienen nominalmente establecidos, gracias a un abusivo sistema de deducciones, desgravaciones y beneficios fiscales
El desmontaje de los Sistemas de Protección Social, a través de sucesivos recortes y retrocesos en materia de derechos sociales en Educación, Sanidad y Servicios Sociales, precisamente cuando más necesarios eran.

Algunos datos recogidos en el informe sobre el estado social de la nación 2015:
14,1 millones de personas viven en situación técnica de pobreza (menos del 60% de la mediana de ingresos) y de ellos 6 millones en situación de pobreza severa (menos del 40% de la mediana de ingresos), en relación con el umbral de renta de 2008.
Se estima que 40.000 familias fueron desalojadas de su vivienda por impago de hipoteca o de la renta en el último año.
En 731.000 hogares no entra ningún ingreso (un 3,9% del total de hogares). Unas cifras que no han mejorado a pesar del crecimiento del PIB.
La mala alimentación o el hambre afectan en España a más de 2 millones de personas. Y más de 3 millones de personas pasan frío o excesivo calor en sus domicilio por no poder pagar el coste de la energía necesaria.
El colectivo más afectado por la pobreza como consecuencia de la crisis es el de menos de 25 años. Curiosamente es en ese colectivo donde más han aumentado los suicidios
La renta media de los hogares se ha reducido un 10% entre 2009 y 2013.
Casi cuatro de cada diez hogares (36,7%) tienen dificultades o muchas dificultades para llegar a final de mes)
Casi la mitad de las familias españolas tiene algún tipo de deuda financiera. De ellas, más de un 20% presenta un endeudamiento muy superior al prudencial.
Casi la mitad de los/as trabajadores/as cobran menos de 1.000 €/mes
1 de cada 3 trabajadores/as cobra menos del Salario Mínimo Interprofesional (648,6 €/mes)
El 10% más rico de la población tiene el 55,6% de la riqueza en España; el 50% más pobre sólo tiene el 9,7% de la riqueza.
Tanto en el Índice de Gini como en el 80/20, España es uno de los países más desiguales de Europa y en el que más se han incrementado las desigualdades durante la crisis.
El desempleo afecta a más de la mitad de los jóvenes (53,2%)
2,5 millones de personas llevan más de dos años en paro (más de 4 de cada 10 desempleados)
En 1,8 millones de hogares, todos sus miembros activos están en paro
La mitad de los desempleados (casi 3 millones de personas) no reciben ninguna prestación ni subsidio
Casi uno de cada cuatro trabajadores/as (23,1%) es de carácter temporal. Sólo Chile y Polonia superan, en la OCDE, esta temporalidad. Los ingresos fiscales en España son 7 puntos inferiores a la media de la Unión Europea
Mientras la mayoría de la población paga como media un 22% de sus ingresos en impuestos, las grandes fortunas, que tienen un tipo nominal del 52%, pagan en realidad un 1%; y las grandes empresas, que tienen un tipo nominal del 30%, sólo un 3,5%.
España dedica a protección social 3 puntos menos del PIB que la media de los países de la zona euro.
4.970 millones de euros es el recorte acumulado en servicios sociales en sólo tres años (de 2010 a 2013). Se ha pasado de una inversión de 18.053 millones de euros por parte de las Administraciones Públicas en el año 2010, a 15.243 millones de euros en 2013.
El porcentaje que representa el gasto de las Administraciones Públicas en servicios sociales se ha reducido en 0,22 puntos en estos mismos años (1,67% en 2010, 1,45% en 2013)
8,5 millones de personas son usuarias de los servicios sociales públicos en España
Hay 1,2 millones de personas en situación de Dependencia, de los cuales sólo 730.000 reciben prestaciones o servicios del Sistema de Atención a la Dependencia
En 2014 el Sistema de Atención a la Dependencia ha perdido 8.122 beneficiarios, y tiene 50.623 personas menos con derecho reconocido.
258.408 personas recibían en 2013 las llamadas Rentas Mínimas de Inserción, con una cuantía media de 330 €/mes
Las diferencias territoriales en materia de Rentas Mínimas de Inserción son tan extremas, que en el País Vasco se beneficia de ellas uno de cada 17 habitantes, mientras que en Castilla-La Mancha sólo uno de cada 356.
Estos y otros datos perfilan una nueva estructura social en la que una parte se habría salvado (70%) y el resto (30%) está condenado a vivir en la pobreza o en la vulnerabilidad permanente, sometidos a un elevado deterioro y sin esperanza para, al menos, una década.