El Sistema de Atención a la Dependencia no será capaz de atender a 445.000 personas

Un 37% de sus potenciales beneficiarios con derecho reconocido

El XV Dictamen del Observatorio de la Dependencia realiza un minucioso análisis que se corresponde con el final de la implantación del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD), oficializada con la incorporación desde el 1 de julio de 2015 de los Dependientes Moderados, tras las dos prórrogas sufridas en este proceso que inicialmente estaba previsto que finalizara en 2013.
El desigual desarrollo de la LAPAD por territorios, la baja calidad e intensidad de la mayoría de los servicios prestados, la demora excesiva en las atenciones, un sistema de información ¡aún en desarrollo! y un modelo de financiación tramposo e insuficiente han sido las pautas seguidas en todo este tiempo en el que contabilizamos más sombras que luces. Con todo, en líneas generales, el esfuerzo autonómico de los últimos años ha sido importante a pesar del abandono sufrido por la Administración Central que, al tiempo que imponía recortes inasumibles para las Comunidades Autónomas, pretendía crear un increíble relato de las bondades de las reformas del sistema.
 
La situación del SAAD al finalizar su etapa de implantación es la siguiente:
1º.- El volumen de personas que necesitan recibir atenciones del Sistema por su situación de dependencia asciende a 1.191.000 (2,5% de la población)
2º.- El número de personas atendidas se ha mantenido en los tres últimos años por debajo de 750.000.
3º.- En consecuencia, el Sistema no será capaz de atender a 445.000 personas con derecho reconocido, un 37% de sus potenciales beneficiarios.
4º.- En las actuales condiciones de financiación resulta imposible dar respuesta a estas personas que el SAAD no ha sido capaz de incorporar. Se ha producido un importante retraimiento de la financiación estatal que ha asfixiado a las CAAA y que imposibilita que puedan asumir los retos pendientes en tanto en cuanto no se modifique este sistema de financiación.
5º.- A ello hay que añadir la baja calidad e intensidad de la mayoría de los servicios prestados, la inadaptación a las necesidades reales de las personas en situación de dependencia y la demora excesiva en las atenciones. Más de 100.000 personas han fallecido desde 2012 sin recibir las atenciones a las que tenían derecho reconocido.
En consecuencia, para un desarrollo digno del SAAD acorde a lo dispuesto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, consideramos imprescindible un pacto de Estado que replantee el modelo de financiación del Sistema de Atención a la Dependencia, con epicentro en el modelo de financiación autonómica a debatir en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
La apuesta por los servicios de proximidad y la flexibilidad de estos para adaptarse a las necesidades reales de cada caso deben ser la estrategia de futuro.
Así mismo, en coherencia con este cambio de ciclo, de la etapa de implantación al desarrollo ordinario del SAAD, el Observatorio de la Dependencia anuncia cambios significativos en la Escala de Valoración que venimos aplicando semestralmente desde el año 2008, a partir de los datos oficiales que publica el Ministerio a través del IMSERSO, con la información que aportan las propias Comunidades Autónomas. Si bien esta Escala ha mostrado su utilidad para medir la implantación del Sistema en cada una de las Comunidades, es necesario ajustar sus indicadores para que expresen mejor las características de esta nueva fase.
 
Aplicación de la Escala
Finalizada oficialmente la etapa de implantación del Sistema, este es el resultado de la aplicación de la Escala de Valoración a fecha julio de 2015, que expresa la situación en la que encuentran el SAAD los nuevos Gobiernos de las Comunidades:
3 Comunidades destacan con calificaciones notables: Castilla y León (9,58), País Vasco (7,92) y Andalucía (7,50)
2 Comunidades entre el aprobado y el notable: Extremadura (6,67), La Rioja (6,67)
6 Comunidades que rozan el aprobado (todas ellas con 4,58 puntos): Asturias, Castilla-La Mancha, Navarra, Cataluña, Cantabria y Galicia.
6 Comunidades que suspenden: Baleares (3,75), Aragón (3,75), Canarias (3,75), Murcia 3,75), Madrid (3,33) y con la peor calificación la Comunidad de Valencia (1,25). El caso de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, gestionadas directamente por el IMSERSO, el resultado es también un rotundo suspenso (2,50).