En año y medio, más de 1.500 personas han visto vulnerado su derecho humano a la salud
Lunes, 21 de septiembre de 2015 | e6d.es
• Como consecuencia de la exclusión sanitaria a inmigrantes en situación irregular
La Red de Denuncia y Resistencia al Real Decreto Ley 16/2012 (REDER) ha reunido, entre enero de 2014 y julio de 2015, más de 1.500 casos de personas que han visto vulnerado su derecho humano a la salud como consecuencia de la exclusión sanitaria a inmigrantes en situación irregular. Los datos han sido aportados por las organizaciones que integran la red a lo largo y ancho del territorio español e incluyen, entre otros, 31 casos de cáncer, 38 de enfermedades cardiovasculares, 62 de diabetes, 14 de enfermedades degenerativas musculares, 8 de otro tipo de enfermedades degenerativas, más 28 casos potencialmente mortales si no reciben el adecuado tratamiento sanitario y 27 de personas con graves problemas de salud mental.
Incumplimiento sistemático de las excepciones protegidas A pesar de que el RDL establece una mínima salvaguarda que permite la atención sanitaria en el embarazo, parto y posparto, a los menores de edad y en urgencias, estas excepciones se incumplen sistemáticamente. REDER ha documentado 109 casos de menores de edad a quienes se denegó la asistencia sanitaria; 232 incidencias en urgencias, (que incluyen desde negación de atención a intentos de cobro) y 78 mujeres embarazadas que han visto vulnerado de alguna manera su derecho a ser asistidas.
Familiares ascendientes: perdidos en un laberinto jurídico y legal REDER ha documentado hasta 25 casos de personas en esta situación entre las que se cuentan casos de cardiopatías, hipertensión, enfermedades respiratorias crónicas potencialmente mortales, artritis y otros reumatismos o necesidad de seguimiento de operaciones quirúrgicas realizadas en el país de origen, todas ellas desatendidas.
La desinformación como negación de un derecho Después de tres años desde la entrada en vigor de esta norma, son muchas las personas que siguen acudiendo a las organizaciones integrantes de REDER en busca de información sobre su derecho a recibir algún tipo de atención sanitaria a través de la red pública (un 12% del total de casos registrados corresponde a esta categoría de incidencias). A esta cifra hay que sumar un 22% de personas que no habían tramitado su tarjeta sanitaria porque desconocían tener ese derecho. Por último, un 12% corresponde a quienes se ha denegado la tarjeta sanitaria en su centro de salud porque la información que maneja el personal administrativo sobre el trámite y requisitos era errónea.
La ineficacia de una legislación parcheada Las diferentes fórmulas para ampliar las excepciones del RDL puestas en marcha por algunas comunidades autónomas se han mostrado insuficientes. Durante el periodo de la muestra, al menos un 73% de los casos proceden de comunidades donde existían programas o normativa autonómica creados ad hoc para dar cobertura a las personas excluidas por la reforma sanitaria.
Consecuencias sobre el Sistema Nacional de Salud Con la reforma sanitaria de 2012 toma cuerpo una política discriminatoria que se ensaña con los sectores más vulnerables de la población, particularmente inmigrantes en situación irregular (68% de los casos registrados por REDER), pero también ciudadanas y ciudadanos comunitarios con pocos recursos (14% de los casos registrados). Las consecuencias alcanzan a la eficacia del modelo público de salud, puesto que la reforma sanitaria ha conllevado una pérdida de calidad de la gestión sanitaria, una marcada descoordinación entre niveles asistenciales, y, lo que es más grave, un deterioro de la atención médica, puesto que impide el seguimiento de enfermedades crónicas e ignora la importancia los programas de prevención, con el consecuente riesgo tanto para los y las pacientes como para el conjunto de la población. La aplicación del Real Decreto Ley 16/2012 (RDL) ha tenido también efectos indirectos en la población inmigrante que sí tiene regularizada su residencia, ya sea porque es víctima del efecto disuasorio y atemorizante de las actuaciones administrativas o por la ausencia de campañas informativas por parte de las administraciones públicas.