FACUA-Consumidores en Acción denuncia la permisividad absoluta con los fraudes de la banca por parte del Gobierno y las comunidades autónomas. La asociación considera un escándalo la permisividad, arbitrariedad y descoordinación en las actuaciones de los organismos competentes, que favorecen la impunidad de las entidades financieras.
El Banco de España, que no tiene potestad sancionadora, emitió en 2014 un total de 6.028 resoluciones favorables a las reclamaciones presentadas por los usuarios pero la banca hizo caso omiso del 83,2% (cinco de cada seis) aprovechándose de que no son vinculantes. El Ministerio de Economía, que sí tiene capacidad para imponer multas, no lo hace por muy graves que sean las irregularidades, critica FACUA.
Por su parte, ni la Secretaría General de Sanidad y Consumo del Ministerio de Sanidad ni su Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan), impulsan acciones de cesación contra prácticas fraudulentas llevadas a cabo desde el sector financiero.
FACUA critica que desde Sanidad y la Aecosan tampoco se impulsan y coordinan medidas de forma sistemática y eficaz con las comunidades autónomas para que éstas tramiten las denuncias y multen a los bancos (o a cualquier otra empresa) que incurren en fraudes de los que son víctimas consumidores de todo el país.
En cuanto a las autoridades de protección al consumidor autonómicas, que sí tienen potestad sancionadora, habitualmente se desentienden de las reclamaciones de los usuarios contra los bancos y les derivan al Banco de España. Y ello aunque las prácticas denunciadas vulneren la normativa de consumo, por lo que la banca se suele librar de las multas fijadas en ella por la pasividad e inoperancia de las comunidades autónomas, lamenta FACUA.
Dos de los mayores fraudes que han sufrido los consumidores en España, las cláusulas suelo y las preferentes, no han sido objeto de sanciones contundentes por parte de las autoridades competentes. Las administraciones se han tirado años desentendiéndose de las denuncias de organizaciones como FACUA pasándose la pelota de unas a otras o, en el mejor de los casos, aplicando multas absolutamente ridículas.
En este sentido, la asociación advierte de que la situación se agrava por la ausencia de criterios por parte de las autoridades de consumo autonómicas para ponderar las sanciones sobre la base de la gravedad de los fraudes, que en muchos casos reportan a los bancos denunciados beneficios ilícitos por importe de cientos e incluso miles de millones, como ha ocurrido con las cláusulas suelo.