Hay que recuperar la inversión en servicios sociales que se ha recortado en la pasada legislatura
Miércoles, 3 de junio de 2015 | e6d.es
• Y avanzar hasta unos mínimos imprescindibles, entre el 8% y el 10%
Tras los resultados de las elecciones del día 24, la organización que usted representa va a tener la responsabilidad de decidir o incidir, al menos, en las políticas del nuevo Gobierno en su Comunidad.
A lo largo de la Campaña electoral les hemos escuchado decir, con una u otras palabras, que lo que verdaderamente importa son las personas. Si esto es así, es momento de trasladar a hechos esta declaración de intenciones. Y ello supone dedicar una especial atención a los servicios sociales, ya que la pasada legislatura ha significado en muchas Comunidad Autónomas un gravísimo deterioro de estos servicios, que atienden a las personas y familias más afectadas por las políticas de ajuste que se han llevado a cabo con la excusa de la crisis.
Para ello queremos hacerle llegar lo que consideramos que son las condiciones esenciales que se deben exigir al nuevo Gobierno en su Comunidad en materia de servicios sociales y que, en consecuencia, deben considerarse como líneas rojas para cualquier negociación a la hora de constituir o dar el apoyo a un Gobierno.
En el artículo de hoy nos detendremos en la primera de esas condiciones: recuperar la inversión en servicios sociales que se ha recortado en la pasada legislatura y avanzar hasta unos mínimos imprescindibles, entre el 8% y el 10%.
Cuando tantas personas y familias están padeciendo dificultades para satisfacer sus necesidades más básicas, resulta inadmisible que la mayor parte de las Comunidades hayan recortado su inversión en servicios sociales en la pasada legislatura. En el conjunto del Estado, y sólo entre 2011 y 2013, este recorte fue del 13,3% en Comunidades Autónomas y Entidades Locales, pasando de un gasto de 354,02 € por habitante en 2011 a 306,91 € en 2013, es decir, 47,11 € menos.
Este recorte no se ha producido con la misma intensidad en unas y otras Comunidades y además partían de diferentes umbrales de protección. Por eso se adjunta su detalle Comunidad a Comunidad, para que en cada una de ellas se concrete el incremento que se debe exigir en el presupuesto dedicado a servicios sociales de forma inmediata.
En términos generales consideramos que la necesidad de financiación de los servicios esenciales gestionados por las Comunidades Autónomas para una protección social mínimamente digna debería suponer como mínimo el 70% del gasto total (destinando el 35% para sanidad, el 25% para educación y el 10% para servicios sociales y protección social). De existir tensiones presupuestarias (deuda) deberían afectar a cualquier política de gasto menos a las tres citadas. Actualmente las CCAA destinan el 17,3% a su deuda pública y el incremento de este concepto se dio a costa de los servicios esenciales.
A corto plazo, aquella Comunidad cuya inversión en servicios sociales esté en 2015 por debajo del 8% del conjunto del presupuesto autonómico, deberá establecer un compromiso para que los presupuestos de 2016 cubran esta cifra (recuperando el gasto 2009) y se incrementen hacia el final de la legislatura hasta el 10% del presupuesto total.
En esta tabla se aprecia la situación de cada Comunidad en relación a este parámetro de gasto con y el consiguiente incremento presupuestario que debería asumir para lograr este objetivo con la base de los datos contenidos en el informe de presupuestos 2015 publicado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
En el conjunto del Estado, la financiación incrementada en 2016 (2.800 millones en 2016) debería emplearse a partes iguales en doblar la cuantía destinada a rentas mínimas y en nuevos servicios de atención a la dependencia (con unos retornos globales estimados de 840 millones de € y una generación directa de 42.000 empleos).
José Manuel Ramírez Navarro
Presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales
Presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales