Víctor Walteros, colombiano de 80 años, vive en España de manera regularizada mediante un permiso por reagrupación familiar. Su hija Annie, tras cinco años de residencia en el país, consiguió que el Estado facilitase los papeles a su padre, enfermo de EPOC y ligado a una máquina de oxígeno para poder vivir. Sin embargo, su vida quedó pendiente de un hilo al llegar a España. Gracias a la reforma sanitaria de 2012, la Seguridad Social le negaba el acceso a la sanidad pública porque nunca había cotizado. Por otro lado, ninguna empresa privada quiere asegurarle. "Sus derechos mínimos de vida están siendo vulnerados. En Europa, que no hablamos de un país del Tercer Mundo", lamenta su hija.
Annie Walteros lo tiene claro, si en Extranjería le hubieran advertido de los problemas y los trámites interminables que soportaría por reunirse con su padre, no habría solicitado la reagrupación familiar. "Pero no lo hicieron", afirma. Cuando se presentó con su carpeta enorme de papeles, nadie le contó que el Gobierno había aprobado una reforma sanitaria que negaba el acceso de su padre al Sistema Nacional de Salud (SNS). Una negativa que una vez pisó tierra no para de escuchar en oficinas de la Seguridad Social, teléfonos de atención al ciudadano y del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid. "Yo no autoricé la repatriación. Fue el Estado Español el que la aprobó", recuerda.
Víctor, al igual que la madre de Silvina Graff y que Lourdes, no tienen derecho a la tarjeta sanitaria. En la Seguridad Social les niegan el documento porque no se encuentran en ninguno de los supuestos para ser asegurados o beneficiarios de la sanidad pública. Nunca han cotizado en España y el INSS –el órgano encargado de conceder las tarjetas– no permite que los inmigrantes que han obtenido sus papeles después del 24 de abril de 2012 (fecha de publicación del real decreto 13/2012) puedan acogerse a la opción de asegurados por mínimo de ingresos, que sí tienen los españoles que se encuentran en la misma situación.
Los ' seguros públicos' para personas sin derecho a la atención que diseñó el equipo de la ministra Ana Mato (de entre 60 y unos 150 euros al mes) tampoco le sirven. "Para conseguir esos convenios debes estar un mínimo de un año empeadronado aquí, en España", dice Annie. Sus palabras se atropellan unas a otras de pura impotencia: ¿Qué hago un año sin oxígeno para él? ¡Si es que mi padre no puede durar ni cinco horas sin oxígeno!", critica.
El problema se agrava porque no hay alternativa. Annie Walteros, a pesar de que se encuentra en una situación económica precaria, se vio obligada a preguntar los precios de varias aseguradoras privadas. Su sorpresa y desesperación llegaron al límite al comprobar que ni siquiera pagar era una opción porque los seguros no le daban cotización. "Esto es un negocio donde él no tiene cabida", dice su hija. "Esto es algo muy grave. Tengo una persona de 80 años, enferma crónica, que no tiene sanidad pública ni privada", denuncia. Leer noticia completa en eldiario.es.